Las imputaciones judiciales cercan al gobierno local de Ourense

La Operación Pokémon se alzó como la sonora estocada que hizo tambalear el gobierno socialista de Ourense. Hace medio año que el Ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia contiene la respiración entre acciones judiciales que azotan a la corporación. Pero la génesis es anterior: salpica a funcionarios que estamparon su firma desde 2007 en contratas y pagos cuestionados por la justicia. Al igual que Santiago, donde el dividido gobierno municipal del PP sobrevive a duras penas tras sucesivas imputaciones, Ourense también está a merced de los jueces.

 Ahora, la lista de encausados crece. Marga Martín, teniente de alcalde y edil de Bienestar, ha sido imputada por la gestión del servicio de ayuda a domicilio. El 27 de marzo será interrogada por el juez, que ha encontrado “indicios de delito” tras la investigación de pagos, presuntamente ilegales, a la empresa concesionaria desde 2007. La actuación judicial surgió tras una denuncia interpuesta por Democracia Ourensana (DO) a raíz de una información de EL PAIS, que reveló el reembolso de facturas presuntamente falsas por valor de 236.000 euros en 2008.

Martín siempre ha negado irregularidades. Ayer lo hizo una vez más. Insiste en que todos los pagos fueron “refrendados” por técnicos municipales, “personas honorables e inocentes”. Compareció con gesto serio y acompañada por dos concejales socialistas que la auxiliaron ante las incómodas preguntas de la prensa. Respondió a todo, salvo a una cuestión. Interpelada por este periódico, no quiso explicar si se reunió con el empresario que gestiona el servicio “para establecer la estrategia a seguir en relación con la parte del presupuesto no utilizado” en 2008. Este entrecomillado pertenece a uno de los correos electrónicos enviados a la concejala por Alberto López, el gerente único de la empresa. En otro correo, el empresario aseguraba que “la factura de noviembre seguirá su trámite normal y la extra de noviembre te la enviamos en un sobre cerrado”. Estos documentos obran en el abultado sumario instruido por Antonio Piña. El juez incluso ha tenido que solicitar un escáner especial ante la ingente cantidad de documentos que investiga.

La policía requisó documentación en dependencias municipales en tres ocasiones tras recibir expedientes incompletos. El juez también ordenó la incautación del ordenador personal de Martín. Los investigadores tienen claro que se ha cometido una cadena de irregularidades que derivarán en responsabilidades. La implicación “es clara, ya que refrendó todas las facturas con su firma”, aseguran fuentes cercanas a la investigación. “No solo se está investigando la facturación. La prestación del servicio está plagada de irregularidades que el Ayuntamiento omitió", explican. Las pesquisas se centran ahora en los cuadrantes de trabajadoras, el pago de los desplazamientos, las facturas desglosadas por horas, el estudio de los correos electrónicos cruzados con el empresario y en los informes económicos que autorizaron los pagos. El actual alcalde, Agustín Fernández, entonces concejal de Economía y Hacienda, era el responsable último de esa autorización.

La operación judicial que rodea el servicio de ayuda a domicilio ha salpicado a numerosos funcionarios. Declararán como imputadas cuatro empleadas municipales, entre ellas tres jefas de servicio nombradas directamente por Martín. Un asesor jurídico y el jefe de gestión económica testificarán en calidad de testigos. El interventor municipal, que reparó decenas de facturas pagadas a la empresa, declaró la pasada semana. Descargó toda responsabilidad en la edil imputada y en su jefa de servicio. Martín no dimitirá mientras no haya una sentencia. Tampoco lo hará Aurea Soto, concejala de Urbanismo y segunda teniente de alcalde. La justicia ha puesto el foco sobre ella con dos imputaciones por presunta prevaricación administrativa. El mismo juez que instruye la causa contra Baltar dirime si la socialista actuó a sabiendas de que era ilegal en operaciones urbanísticas. La edil asegura que se encuentra ante “chantajes” de empresas de la construcción. Declarará por segunda vez el próximo 5 de abril. Soto, muy próxima al exalcalde ourensano, llegó a calificar de “insensatez” pedir la dimisión a un político imputado. La edil de personal no electa, Carmen Rodríguez Dacosta, también podría ser encausada próximamente. El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, ha ordenado impugnar ocho contratos firmados por ella. El PP ultima una querella por prevaricación.

Como en Santiago, el gobiernos de Ourense se consume entre imputaciones y dimisiones. En las dos ciudades, los alcaldes elegidos en las urnas tuvieron que abandonar el cargo. De nada le valió al ourensano Francisco Rodríguez ser el socialista que, porcentualmente, más apoyos recaudó en las elecciones de 2011. Su arresto y posterior puesta en libertad bajo fianza acabó rompiendo el gobierno de coalición con el BNG. Tras la imputación de Rodríguez, del concejal nacionalista Fernando Varela y del jefe de la Policía Local, las aguas parecían volver a su cauce. Pero solo fue una tregua.