Vila brinda la ‘paz’ a Renfe a cambio de decidir las inversiones prioritarias

Renfe lleva tiempo detrás de la Generalitat para firmar el contrato de servicios con el que garantizar la financiación del servicio de Cercanías y Regionales en Cataluña en el periodo 2012-2015. No lo logró cuando el Departamento de Territorio lo pilotaba Lluís Recoder, que mantuvo una guerra abierta con la operadora durante la pasada legislatura. Pero el actual consejero, Santi Vila, quiere limar diferencias entre ambas partes y ha anunciado su deseo de llegar a un acuerdo, siempre y cuando el Ministerio de Fomento se avenga a ofrecer unas contraprestaciones en forma de inversiones.

Será el Gobierno catalán el que decidirá éstas y, a cambio, Territorio, titular del servicio, estaría en disposición de retirar los 125 expedientes sancionadores que le abrió en noviembre por las incidencias registradas con motivo de una huelga de celo de los maquinistas. El coste final de las multas podría superar los tres millones de euros, a los que se sumarían otros expedientes informativos que abrió la Generalitat tras ordenar a sus inspectores realizar una campaña de controles sobre el servicio que presta Renfe.

La consejería ha renunciado a exigir el cumplimiento del plan de inversiones en la red de Cercanías firmado en época del Tripartito, según el cual el Estado debía invertir 4.000 millones de euros en la red para compensar el déficit histórico de mantenimiento que afloró con las obras del AVE en su aproximación a la estación de Sants. La realidad es que el Estado apenas ha inyectado 300 millones, lo que se convirtió en uno de los argumentos estrella de Recoder para mantener vivo el discurso del agravio en sus relaciones con el Ministerio de Fomento.

Territorio ha elaborado un listado de inversiones que considera ineludibles para mejorar el servicio en Barcelona, saturado por el déficit inversor y por la limitada red de vías que cruzan Barcelona. También se reclama la puesta en marcha de servicios de Cercanías en Tarragona, Lleida y Girona y que el Gobierno central consigne en sus Presupuestos los 290 millones de euros de la deuda que acumula con el servicio de Renfe en Cataluña por los ejercicios económicos de 2011 y 2012.

La primera de las prioridades que pone sobre la mesa el Gobierno catalán es la mejora de la seguridad en los túneles de Barcelona, especialmente en el que une las estaciones del Clot y de Arc de Triomf. En ese punto, a causa de los problemas de señalización, se produjeron dos choques de trenes en apenas un año de diferencia en 2011 y 2012. La otra inversión que el Departamento de Territorio considera esencial es la mejora de los accesos por el sur (estación de Sants) y norte (Clot) a Barcelona.

En la lista de peticiones elaborada por la consejería se encuentra también el desdoblamiento parcial de la línea R3 en el tramo de Vic, donde los trenes circulan en vía única. La Generalitat ha renunciado a pedir que se desdoble toda la vía, pero considera que crear dobles vías en determinados sectores para que los trenes se puedan apartar de la vía principal y dejen pasar a otros en sentido contrario podría contribuir a descongestionar la ruta. Una petición similar se ha efectuado para la R1, en el tramo comprendido entre Arenys de Mar y Blanes.

El consejero Vila ya sostuvo en su comparecencia en el Parlament para presentar sus objetivos de legislatura que quería virar la política del departamento para evitar la “dinámica del agravio”. Esas nuevas relaciones se están vislumbrando en las relaciones que la consejería inició con el Ministerio de Fomento para evitar que los camiones de más de doce toneladas circulen por la N-II en su tramo gerundense, donde hay una alta concentración de accidentes.

El acuerdo, en el que también está implicado el grupo concesionario Abertis, está prácticamente cerrado. Los camiones no podrán usar la N-II entre Maçanet de la Selva y La Jonquera y deberán utilizar la AP-7 pese a las quejas de los transportistas, que deberán pagar parte del peaje. La patronal Fenadiser aseguró ayer que Abertis ingresará 12 millones por los 3.000 camiones que se verán obligados a usar la autopista.