Barricadas de consumo contra la huida industrial en Andalucía

Danone anuncia el cierre de su planta en Sevilla y reestructura la división comercial: 85 trabajadores en la calle. Isofotón, en Málaga, prevé prescindir de 380 de los 657 puestos de trabajo. Roca empieza mañana a despedir a sus 227 empleados de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Cargill informa a 101 personas de su plantilla del final de la actividad en Sevilla y Córdoba. Merkamueble, con empresas en Sevilla, Málaga y El Puerto de Santa María (Cádiz), al margen de unas 70 franquicias, presenta concurso de acreedores. Santa Bárbara Sistemas, del grupo General Dynamics European Land Systems, prevé el despido de 136 trabajadores en Sevilla y Granada y Ence, 50 en Huelva.

La lista de cierres y regulaciones de empleo se amplía cada día. Andalucía vive la peor crisis y las alternativas parecen escasas. Algunos dirigentes políticos y consumidores piden responder con boicoteos a los productos de las empresas que se vayan, cierren o despidan mientras trabajadores, economistas y empresarios reclaman medidas de reindustrialización. Todos coinciden en que es necesario actuar.

La situación no admite muchas dudas. La producción industrial ha descendido un 20% y más de 55.000 empresas han cerrado en Andalucía desde 2009, según los datos del Consejo de Cámaras de Comercio hasta el pasado junio. Y en cuanto al empleo, de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), se han perdido 640.938 en cinco años.

En los últimos 22 trimestres se ha destruido más trabajo que durante la crisis de los setenta: un 20,3% frente al 17% que se perdió en la histórica recesión de finales del pasado siglo.

Las actitudes desafiantes espantan

Ignacio García Pérez, director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide

"Quien decide, al final, es el consumidor. Empecemos a no comprar productos de empresas que echan a sus trabajadores sin motivo o justificación", propuso el portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas. Le respaldó el pleno de la Diputación, que aprobó una moción instando a boicotear "en términos de consumo, los productos de aquellas empresas que deslocalicen sus instalaciones pese a gozar de beneficios".

La idea no es nueva. Ya se planteó en 1994, cuando Gillette, con beneficios, cerró en Sevilla y echó a 246 personas a la calle. Sin embargo los resultados de la iniciativa fueron nulos.

"Las actitudes desafiantes espantan", advierte Ignacio García Pérez, director de la cátedra BBVA de Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide. El economista cree que las industrias que cierran por problemas de demanda en sectores en declive, como ha alegado Roca, tiene difícil solución. "La salida pasa por restaurar la demanda y para eso es necesario crear empleo", afirma para advertir de la extraordinaria complejidad de la situación. El economista propone estimular "proyectos larvados" y aprovechar que el ajuste salarial llevado a cabo ha vuelto a hacer atractiva a España para la inversión. Sí es tajante en advertir que la apuesta tiene que ser por la industria, porque las crisis "arrasan" los servicios de poca calidad, y por sectores con futuro, como el medio ambiente, la aeronáutica o las energías renovables. "Diferenciación, especialización e innovación" son sus recetas.

Hay que dejar de hacer papeles y pasar a la acción

Manuel Ángel Martín, presidente de la Comisión de Economía de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

El presidente de la Comisión de Economía de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Ángel Martín, también se suma a las "políticas activas" frente a las huelgas de "consumidores". "Hay que dejar de hacer papeles y pasar a la acción", asegura. Pero añade que cada día que pasa es tiempo perdido porque cada vez hay menos alternativas. En este sentido, lamenta que no se haya aprovechado la época de bonanza para crear industria. "Parecía que la iban a hacer los chinos y que el desarrollo no era necesario", afirma irónico.

Para Martín, la fórmula es "saber y actuar", conocer por qué cierran y se van las empresas para "ponerse las pilas" y pasar a la acción. No cree que el problema sea de productividad o de costes salariales sino de exceso de regulación y de falta de condiciones para favorecer la inversión.

El representante de los empresarios andaluces propone crear una comisión que incluya a sindicatos, empresarios y administraciones para "detectar problemas y anticiparse en las soluciones". En este sentido alaba la oportunidad que brinda la concertación, si se sabe aprovechar y no queda en una foto, porque "la situación es culpa de los que están allí".

Hay que decir basta

Juan Moreno, presidente de UCA

Los usuarios están divididos. Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) no descarta una acción como el boicoteo de los productos de empresas que, en su opinión, se comporten de forma "desleal". Francisco Sánchez Legrán, presidente de la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua), por el contrario, cree que, "aunque lo pida el corazón", la consecuencia podría ser más cierres.

Ambos coinciden en que uno de los principales problemas es la falta de control sobre las ayudas públicas y la ausencia de responsabilidad social de las empresas con los consumidores que les han permitido crecer hasta ahora.

En este sentido, tanto Moreno como Legrán exigen que las facilidades de las Administraciones a las empresas estén condicionadas a determinados compromisos de mantenimiento del empleo y de las sedes en los territorios donde han sido apoyadas.

Pero Moreno se confiesa "beligerante y combativo" ante la marcha y cierre de empresas en época de crisis y considera "comprensibles" las propuestas de boicoteo. "Hay que decir basta. No puede ser que se den ayudas para internacionalizar una empresa y que esto termine implicando pobreza aquí".

Hay que establecer controles para que la empresa devuelva lo que la sociedad aporta

Francisco Sánchez Legrán, presidente de Facua

Legrán coincide en la "falta de ética" de las empresas que han recibido ayudas y que aprovechan una coyuntura de crisis para cerrar. También entiende que los consumidores respondan dando la espalda a estas marcas, aun sin un llamamiento institucional o de una organización, pero advierte que ante una crisis de demanda, la consecuencia de una reducción de ventas puede ser más paro y el cierre de otras plantas. Legrán insiste en la necesidad de establecer "controles para que la empresa devuelva lo que la sociedad aporta".

El secretario general de Economía de la Junta, Gaspar Llanes, explica que el fenómeno no es solo andaluz porque en Europa se han reestructurado dos millones de empleos. Añade que, en Andalucía, la media de inversión directa ha sido de 400 millones entre 1995 y 2007 y de 685 hasta 2011. Pero ahora, con la crisis, esta cifra se ha hundido hasta los 153 millones en nueve meses y ha encendido las alarmas.

Llanes achaca la intensidad de la alerta a la "ausencia de una política económica en el Gobierno central, que se fija solo en la reducción del déficit a base de recortar servicios; a la falta de regulación, que ha dejado manos libres al mercado; a la reforma laboral, que incentiva los cierres; y a que se ha aprobado la mayor subida de impuestos".

Ante este panorama propone incentivos fiscales, créditos blandos, subvenciones y cargas impositivas adicionales a las empresas que cierren. Todo vinculado a garantías laborales porque, en su opinión, el objetivo principal tiene que ser "frenar la sangría de desempleo, mantener la producción y aumentar la demanda interna, que supone el 73% de la economía".

La prioridad es frenar la sangría de desempleo, mantener la producción y aumentar la demanda interna, que supone el 73% de la economía

Gaspar Llanes, secretario general de Economía

Sobre las posibilidades de que el consumidor pueda condicionar las actitudes de las empresas, cree que es posible establecer un "etiquetado social" donde se reflejen las responsabilidades de las empresas con el empleo, el medio ambiente o el territorio donde se asientan. Según explica Llanes, las empresas, en épocas de crisis, tienden a la "economía de aglomeración", concentrando la producción cerca de sus mercados y sedes sociales. En este caso, Andalucía pierde.

Lo mismo opina Manuel Ruiz, secretario de Política Sectorial de Comisiones Obreras (CCOO), quien explica en esta actitud los cierres de algunas delegaciones de empresas en Andalucía. Ruiz es más escéptico con la eficacia de las medidas de los consumidores —"en crisis, al final, uno compra el más barato", admite— y reclama soluciones a corto plazo (generar crédito y empleo) y largo plazo: un plan de industrialización vinculado a sectores fuertes ante las crisis, como el aeronáutico; un empresariado con capacidad para no tener siempre delegaciones de entidades asentadas en otras zonas y un sistema financiero propio.

Manuel Jiménez, responsable de la Federación de Industrias de UGT, apunta una clave fundamental: la recuperación del equilibrio entre el capital económico y el humano. Cree que se ha perdido el compromiso social de la empresa y eso lleva a anteponer cualquier aspecto económico al laboral. “Ahora todos deberíamos arrimar el hombro”, reclama. Critica que la reforma laboral favorece la desvinculación con la plantilla y que lo ha dejado tan fácil que hasta “la familia Roca se ha reído de la ministra de Empleo \[Fátima Báñez\]”. Apuesta por favorecer la inversión, conservar el “talento”, hacer una política industrial coherente y coordinada, recuperar el diálogo social, innovar y formar no solo a trabajadores sino también, y sobretodo, a empresarios.