Educación retira a Arturo Fernández un millón de euros para FP concertada

La Cámara de Comercio, que preside Arturo Fernández, tampoco recibirá dinero para la Formación Profesional concertada. La Consejería de Educación retirará el millón de euros de subvención que recibe el organismo para impartir ocho cursos, en los que hay 401 alumnos matriculados, según la estimación oficial. Son parte de los 6.500 estudiantes inscritos en 58 centros de FP de Grado Superior que recibían hasta este año 26 millones de euros anuales.

Educación, que sacó la FP superior de la orden de conciertos publicada el 19 de febrero, justifica el cambio en su intención de implantar el modelo de formación dual que se imparte en Alemania, con más clases prácticas en las empresas y salarios para los alumnos. Tanto las patronales educativas como los sindicatos del sector pusieron el grito en el cielo. Consideran que no es posible implantar ese cambio en apenas un curso. Denuncian, además, que los estudiantes tendrán que pagar una media de unos 200 euros al mes (en lugar de los 360 anuales que abonan ahora) y señalan que eliminar la subvención supone un “desmantelamiento” del sistema y pone en riesgo el empleo de unos 500 profesores.

Carta al presidente

Arturo Fernández se hizo eco de estas reclamaciones en una carta que envió el pasado día 26 al presidente regional, Ignacio González, para pedirle que mediara ante la Consejería de Educación por la retirada de conciertos. Aludió a las quejas que había recibido de las patronales —tres de las cuatro existentes forman parte de la Confederación Empresarial de Madrid, que también preside Ferández—, pero no hizo referencia alguna a los cursos que la Cámara gestiona.

La Cámara tiene ocho ciclos concertados de FP de Grado Superior desde el curso 2004-2005, según las cifras oficiales de Educación. Desde entonces, ha recibido 7,5 millones de euros de la consejería, que también se está planteando liquidar otro convenio más que mantiene con la Cámara. En este caso, el organismo funciona como mediador para compensar a las empresas donde se realiza formación. La mitad de los 1,9 millones de euros se destina a centros de trabajo donde se imparte formación de Grado Superior. Educación estudia la opción de abonar el dinero directamente a los centros docentes, aunque aún no ha tomado una decisión.