Bizkaia aprueba un nuevo Impuesto de Patrimonio con los votos del PNV y PP

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado hoy, con los votos a favor de PNV y PP, el nuevo Impuesto de Patrimonio de este territorio y medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En un pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, la Cámara foral ha rechazado las enmiendas presentadas por Bildu y PSE-EE tanto al nuevo tributo de Patrimonio como a la norma que recoge las medidas fiscales contra el fraude y otras medidas tributarias.

El diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha expuesto las líneas generales del nuevo Impuesto de Patrimonio, por el que se prevén recaudar este ejercicio 75 millones de euros. Esto supone 20 millones más que en 2011 -el último año en que estuvo en vigor este tributo-, por las aportaciones de 7.500 contribuyentes, unos 2.000 más que en 2011.

El nuevo Impuesto de Patrimonio de Bizkaia establece un mínimo exento de 800.000 euros y un valor exento para la vivienda habitual de 400.000 euros. La escala de las bases liquidables queda definitivamente con seis tramos -uno más que la anterior normativa-, con tipos que van del 0,20% a un máximo del 2% para bases superiores a los 12,8 millones de euros.

La portavoz de Bildu, Irune Soto, ha asegurado que el sistema fiscal vizcaíno "no es más progresivo" con este tributo y ha pedido a los responsables forales de este territorio que "copien" las directrices en esta materia aplicadas en Gipuzkoa, donde gobierna la coalición abertzale y se aprobó con el respaldo del PSE-EE un nuevo impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas.

La Diputación  vizcaína espera ingresar 75 millones por este tributo en 2013

El apoderado del PNV Josu Arteta ha asegurado que si se copiase lo aprobado en Gipuzkoa, se perjudicaría al pequeño comercio y al tejido industrial de Bizkaia y ha pedido que la Diputación guipuzcoana armonice las normas fiscales con los demás territorios forales del País Vasco.

El PP ha votado a favor del nuevo impuesto al entender que presenta "grandes similitudes" con el aprobado en Álava, donde gobierna el Partido Popular, y es "mucho más amable y legal" que el de Gipuzkoa.

El pleno de las Juntas vizcaínas ha aprobado también la norma foral para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias. Los cambios incluyen 65 medidas adicionales para intensificar la lucha contra el fraude, 25 medidas de adaptación a la normativa comunitaria sobre Asistencia Mutua -referida al cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos- y otras 23 medidas tributarias.

El incremento de las sanciones por fraude, la obligatoriedad de declarar los bienes en el extranjero y la limitación de la deducción por gastos de representación son algunas de las novedades de las nuevas medidas aprobadas en Bizkaia.

El portavoz del PSE-EE, Iñaki Egaña, ha cifrado en 2.500 millones de euros el fraude anual a las haciendas vascas y ha considerado que "no se han introducido todas las medidas posibles" para luchar contra el fraude ya que lo aprobado en Bizkaia "se limita a la trasposición" de lo establecido en la ley estatal en esta materia. Ha criticado que no exista una "interconexión" entre las haciendas vascas y ha afirmado que, ante el fraude fiscal, "la ciudadanía tiene que ver que nadie se escapa de sus obligaciones y que quien lo intenta es penalizado".

Arteta (PNV) le ha respondido a Egaña que la cifra de 2.500 millones de fraude es un cálculo hecho por unos catedráticos en función de determinados indicadores económicos, pero sobre "nada tangible". Ha afirmado que sí hay coordinación entre las haciendas ya que "cualquier funcionario que esté haciendo una inspección y necesite datos de otros territorios, tiene todos los datos".

También en el ámbito fiscal, el pleno del parlamento vizcaíno ha ratificado tres decretos normativos de la Diputación para aplicar en Bizkaia varias disposiciones aprobadas por el Gobierno central. Estas disposiciones se refieren a las ganancias derivadas del juego -un gravamen del 20% para premios mayores de 2.500 euros-, la actualización de balances de empresas -para eliminar los efectos de la inflación en el valor de los bienes- y a la subida general del IVA.