Detenidos Josep Prat y Carles Manté por los pagos irregulares de Innova

La sanidad pública catalana, sumida desde hace un año y medio en una sucesión de casos de pagos y adjudicaciones irregulares, vivió ayer su jornada más convulsa. Josep Prat y Carles Manté, dos de las personas más poderosas y respetadas del sistema sanitario catalán en la última década, fueron detenidas por la Guardia Civil por un caso de pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, donde Prat era el máximo directivo de la empresa municipal Innova, hacia Manté, que recibió 720.000 euros (sin IVA) entre 2007 y 2011 por trabajos que el propio municipio considera inexistentes.

Carles Manté fue entre 2003 y 2007 director Servicio Catalán de la Salut (Catsalud), el organismo de la Generalitat que financia a todos los hospitales y centros sanitarios públicos catalanes. Josep Prat fue designado por el actual consejero de Salud, Boi Ruiz, presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) —que gestiona ocho grandes hospitales y 300 centros de salud— en enero de 2011. El presidente catalán, Artur Mas, también le designó miembro de su consejo asesor en materia sanitaria. Prat, que compaginó ambos puestos con la dirección de Innova y el cargo de vicepresidente del grupo hospitalario privado USP, tuvo que dimitir de todos sus cargos el año pasado salpicado por varios escándalos. La operación policial de ayer, en la que la Guardia Civil registró los domicilios de Prat y Manté, marca la caída en desgracia definitiva de ambos altos cargos.

Las detenciones y los registros domiciliarios llegaron un día después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Reus admitiera ayer a trámite una querella presentada por el partido independiente Ara Reus contra ambos responsables sanitarios, que están imputados por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.

El caso fue desvelado por EL PAÍS el pasado 19 de junio después de las primeras denuncias contra la gestión de Prat en Innova hechas por la CUP de Reus. La Guardia Civil irrumpió pasadas las 9 de la mañana en el domicilio de Prat, ubicado en un complejo residencial en el barrio de Els Músics en Tarragona, y también en la casa de Manté, en Mataró (Maresme), para efectuar sendos registros en busca de pruebas del traspaso de dinero. Los rastreos se efectuaron en presencia de los dos implicados.

En el caso de Prat, que vive en un chalet rodeado de fuertes medidas de seguridad, el registro se prolongó durante más de 12 horas, en medio de un trajín continuo de efectivos policiales, expectación mediática y vecinos atónitos que contemplaban desde sus vehículos de alta gama la presencia de la Guardia Civil. Pasadas las nueve de la noche, Prat salió del domicilio detenido, pero sin esposar, y los agentes se llevaron varias cajas, bolsas, y material informático. Fue trasladado a la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona. Poco antes Manté había sido conducido también desde Mataró a Tarragona. Ambos pasaron la noche en estas dependencias a la espera de pasar a disposición judicial.

Los agentes registraron durante cerca de 12 horas la casa de Prat

Los agentes se centran en la existencia de más de 50 facturas por las que Innova pagó durante cuatro años a Manté 13.000 euros mensuales a cuenta de “honorarios de consultoría estratégica”. Según explicó el consistorio, las facturas fueron emitidas por la sociedad CCM Estrategias y Salud, propiedad de Manté y de su esposa y domiciliada en su piso de Mataró. La empresa se constituyó siete días antes de firmarse un contrato con Innova en el que no medió concurso público. El acuerdo exigía una contraprestación por trabajo, pero una auditoría interna municipal considera que estos no se hicieron.

El Consistorio y la CUP trasladaron el informe a la fiscalía, mientras que Ara Reus interpuso la querella contra Prat y Manté por estafa y malversación de fondos públicos El holding municipal dejó de pagar a Manté en junio de 2011, cuando los socialistas perdieron la alcaldía tras 32 años, y CiU y el PP se unieron para gobernar la ciudad. Pero la empresa de Manté siguió enviando facturas a Innova hasta finales de 2011, relataron fuentes municipales, aunque no fueron abonadas.

La CUP instó ayer al Ayuntamiento de Reus a “posicionarse como acusación popular en los procesos judiciales” en marcha. El Consistorio respondió que analizan la deriva que ha tomado el caso.

El Departamento de Salud todavía no ha dicho una sola palabra sobre los escándalos que azotan la sanidad catalana.