La juez cierra la instrucción del ‘caso Quality Food’ con Osuna imputado

Siete años después de haber comenzado la investigación judicial por el caso Quality Food, el supuesto desvío de dinero público a una empresa de alimentación, la instrucción toca a su fin. En un auto del 14 de febrero, la juez del juzgado número tres de Cádiz cierra su labor con un resumen de los hechos en los que señala al exdelegado del PP en la Zona Franca Miguel Osuna, quien fue denunciante de esta causa, como autor de la malversación. “Buscó el enriquecimiento de su patrimonio”. El vuelco en el caso, aprobado en la última fase de la instrucción, ha sido posible gracias a un informe de la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado presentó, a instancias de la Zona Franca, la querella por estafa contra el propietario de Quality Food, Manuel García Gallardo, el nueve de mayo de 2005. La acción fue tomada durante un gobierno socialista aunque la denuncia fue ideada antes por el entonces delegado, Miguel Osuna, quien consideraba que el dueño de la compañía le había engañado para hacerse con fondos públicos para su sociedad. Siete años de investigaciones, que permitieron ampliar el número de imputados y de delitos, cambiaron el año pasado con la aparición de nuevas pruebas que llevaron a la Abogacía del Estado a considerar que Osuna era, no solo conocedor, sino ideólogo del sistema por el que la Zona Franca trasvasó dinero público a esta empresas sin pasar por los controles debidos.

Osuna fue llamado a declarar en calidad de imputado por la juez pero, tras varios retrasos, se negó a hacerlo aludiendo que su imputación, producida a punto de finalizar la instrucción, debía ser anulada. La juez rechaza el argumento de su abogado, Felipe Meléndez, en un auto del 22 de febrero. “Es infrecuente la imputación de unos hechos en la fase intermedia pero de las pruebas documentales aportadas se evidencia el carácter delictivo de la conducta de los imputados, a lo que no puede ser ajena esta juzgadora”, resalta la juez.

Esas pruebas están detalladas en el informe de la Abogacía del Estado que ha dado la vuelta al caso y que detallan cómo Osuna fue saltándose los controles del comité ejecutivo y del pleno de la Zona Franca para aprobar subvenciones directas a la empresa de alimentación Quality Food. La jueza da por buenas esas pruebas y ese informe. “De los hechos probados, Osuna procedió a desarrollar una conducta completa, compuesta de varias actuaciones, orientada a desviar parte del presupuesto de Zona Franca hacia el patrimonio particular”. Y añade un matiz llamativo. “El que otros hayan ignorado o transigido con esta actuación, o, incluso se hayan aprovechado de la misma, no afecta a la responsabilidad penal de Osuna, aunque, en ocasiones, beneficiaran a terceros. Quienes nada hicieron para evitar o revertir esa situación podrán tener, en su caso, sus propias responsabilidades”.

Lo que sí admite la juez es que ampliar un procedimiento con una instrucción tan avanzada puede ser tildada de “temeraria o improcedente”. Por eso dedica gran parte del auto a justificarse en la contundencia de las pruebas obtenidas por la Abogacía del Estado y que no pudieron conseguirse hasta el año pasado. También censura el hecho de que Osuna no quisiera declarar cuando tuvo la oportunidad. “Si venía dispuesto a demostrar su inocencia el silencio, opción legítimamente admitida, es claramente incompatible con la multitud de pruebas testificales y documentales, que dice tener”.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán ahora elaborar sus escritos de acusación. El abogado de Miguel Osuna, Felipe Meléndez, ha anunciado que recurrirá este auto porque considera “atípico” que alguien pueda ser imputado por una causa que él mismo denunció hace más de siete años antes.