El Gobierno se obceca con la subasta de fármacos y recurre por tercera vez

La subasta andaluza de fármacos se ha convertido en una larga partida de ajedrez entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Cada parte se lo piensa mucho antes de mover una ficha y estudia todas las opciones que tiene para lograr su objetivo: por parte del Ejecutivo andaluz, sacar a licitación pública la mitad de los medicamentos que se prescriben en la comunidad para conseguir ahorrar hasta 200 millones de euros al año; por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, frenar la iniciativa andaluza al entender que invade competencias estatales. La partida dura ya más de un año y este viernes le tocó mover ficha al Gobierno central, que acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional la subasta andaluza por tercera vez.

El Consejo de Ministros acordó plantear un conflicto de competencia sobre la resolución dictada el 20 de diciembre por el gerente del Servicio Andaluz de Salud mediante la que se convocó la segunda subasta de fármacos. Es la misma fórmula que eligió el Ejecutivo para recurrir el concurso andaluz por primera vez, en marzo de 2012. El alto tribunal suspendió cautelarmente la subasta, pero levantó el veto tres meses después y el Gobierno volvió a intentarlo, esta vez presentando un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que regula la subasta. Y se repitió el guión: el tribunal suspendió el concurso de forma cautelar y levantó la suspensión meses después.

Los argumentos esgrimidos por el Consejo de Ministros inciden en los empleados en las dos ocasiones anteriores: la subasta establece, según el Ejecutivo, “un mecanismo de financiación y fijación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no previsto en la normativa básica estatal”. Según el Gobierno, la iniciativa andaluza, además, tiene como “consecuencia inevitable” una reducción de la oferta de fármacos financiados por el SAS respecto a los financiados en el resto del Estado. “Con ello se están vulnerando, por una parte, las competencias estatales en relación con la legislación farmacéutica al establecer previsiones específicas sobre la prescripción de medicamentos careciendo de competencias para ello”, asegura el Gobierno.

El Ejecutivo sostiene también que la subasta “puede incidir de manera directa e inmediata” en la salud de los andaluces porque no podrán acceder a determinados fármacos. La Consejería de Salud siempre ha rechazado este argumento porque, asegura, los fármacos genéricos han demostrado tener una eficacia similar a los de marca y, en cualquier caso, los médicos andaluces pueden seguir prescribiendo cualquier medicamento si consideran que a un paciente le va a resultar más beneficioso uno que haya quedado fuera de la subasta.

Según lo aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno va a pedir al Constitucional que vuelva a suspender cautelarmente la subasta. El alto tribunal tiene que decidir si admite o no a trámite la impugnación del Ejecutivo, así como la medida cautelar. Lo habitual es que el tribunal admita a trámite y suspenda cautelarmente cuando la impugnación la presenta el Gobierno, si bien es cierto que el caso que ahora tiene sobre la mesa es insólito al suponer la tercera impugnación de una misma medida autonómica y teniendo en cuenta que el Constitucional ya ha dado argumentos para levantar las dos suspensiones anteriores.

El SAS adjudicó la segunda subasta de fármacos el pasado 1 de febrero. Sacó a concurso 330 principios activos, entre otros, antihipertensivos, antidepresivos, antidiabéticos orales y tratamientos contra la osteoporosis. Muchos de los medicamentos ofertados quedaron desiertos y la intención del SAS es convocar con ellos un nuevo concurso, aunque ahora tendrá que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.