Joana Ortega prevé suprimir mil cargos de los Consejos comarcales

El anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales que prepara el ejecutivo catalán contempla la supresión de 1000 cargos remunerados de los Consejos Comarcales para ahorrar entre 1000 y 1.100 millones de euros. La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, anunció esa medida durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para presentar el programa que seguirá su departamento esta legislatura. El plan, según Ortega, pretende “superar el modelo provincial” y reordenar la organización administrativa del mundo local. La previsión es que los municipios de menos de 1000 habitantes deleguen algunos servicios en la comarca de manera “automática”.

Queremos superar el modelo provincial”, sostiene la consejera

Los consejos comarcales verán reducidos sus organismos dependientes y se encargarán básicamente de la gestión de servicios mancomunados para los municipios. Se reformulará la existencia de algunos que pueden considerarse prescindibles como los Consejos Comarcales del área metropolitana de Barcelona —la vicepresidenta ya afirmó hace días que proyectaba suprimir el del Barcelonés— y se contemplará también la “fusión voluntaria de municipios”. El proyecto, además, incluye la implantación de un plan de inversión local y una nueva ley ómnibus que “facilite y agilice los trámites entre los ciudadanos y la administración local”, de la que la ventanilla única será el máximo exponente.

La medida podría afectar a los consejos del área metropolitana de Barcelona

Ortega aseguró también que, según un informe encargado al Instituto de Estudios Autónomicos, existen cinco vías “legales y ajustadas al derecho” para que Cataluña pueda celebrar una consulta de autodeterminación. La ley de consultas aprobada por el Parlament se ajustaría al Estatuto y a la legalidad vigente. También la ley de consultas en la que el Parlament ya trabajó durante la legislatura anterior y que se volverá a discutir en la cámara.

Según el dictamen, existirían dos vías relacionadas con el artículo 92 de la Constitución que es el que ampara la celebración de referéndums: la primera sería que el Gobierno autorizara la consulta y, la otra, que reformar el artículo para que las Comunidades Autónomas puedan convocarla. Una tercera opción sería que el Gobierno ceda directamente la competencia necesaria a la Generalitat.