El Congreso descarta pagos en B en el bar de Fernández pero convoca otro concurso

El Congreso de los Diputados no ha encontrado pruebas de que el grupo hostelero que preside Arturo Fernández y que tiene desde 1995 la concesión de los servicios de restauración en la Cámara Baja haya efectuado pagos en dinero B a sus empleados, si bien ha anunciado la convocatoria de un nuevo concurso para septiembre. El contrato actual está en prórroga y vence el día 1 de ese mes. La empresa del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM ha sido denunciada por varios extrabajadores y trabajadores, que aseguran haber recibido en negro el pago de horas extras, pagas de navidad y complementos por cargos de responsabilidad, y está siendo investigada por pagar presuntamente en negro parte de las nóminas de sus empleados.

Durante la investigación han aflorado, además, importantes deudas del grupo con la Seguridad Social. Ayer, la fiscalía logró que se reabra un proceso contra Arturo Fernández, que volverá a los juzgados para aclarar un supuesto delito de falsedad documental en el grupo Cantoblanco. La causa había sido archivada en noviembre.

El presidente del Congreso se comprometió la pasada semana a someter a estudio la actuación de la empresa adjudicataria y esta misma mañana se ha repartido a los miembros de la Mesa del Congreso ese informe para que lo conozcan, con la idea de discutirlo "en el futuro". Al término de la reunión, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha avanzado que el documento, elaborado por la comisión de contratación, no ha detectado "ninguna actuación fuera de la ley" en el Grupo Arturo Cantoblanco. "El estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha añadido Posada.

Sin embargo, pese a que todo parece estar en orden, el órgano de dirección del Congreso ha decidido sacar a concurso el contrato de restauración, informan fuentes parlamentarias. El estudio indica que el Congreso "no ha tenido conocimiento formal de queja alguna por parte de los empleados que prestan servicios en la Cámara" y que, de la documentación que obra en su poder, "no se desprende, aparentemente, incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, en el ámbito del contrato que tiene formado con la Cámara".

El informe, de seis páginas, alude a la denuncia pública por parte de los trabajadores de irregularidades en los pagos pero añade que el Congreso no ha recibido "formalmente" ninguna denuncia. Argumenta que "para constatar la existencia" de dinero B es "preciso contar con algún fundamento jurídico más sólido que la actual información". "Sería preciso una sentencia judicial firme, o al menos un acto suficiente de autoridad administrativa competente", advierte.

En el documento se relatan un conflicto colectivo que requirió un acto de conciliación entre empresa y trabajadores en 2009 y, en febrero de 2012, llegó una diligencia de embargo por deudas con la Agencia Tributaria por más de 3,62 millones, pero no tomaron medidas porque se trataba de otra empresa de Arturo Fernándéz. En ese informe se señala que la empresa del vicepresidente de la CEOE lleva en la Cámara desde 1995 y que su último contrato se formalizó en julio de 2010 y que se acordó una prórroga de un año en septiembre de 2012, "habiéndose iniciado por la Secretaría General de la Cámara las gestiones oportunas para sacar a concurso un nuevo procedimiento". En estos años, el Congreso señala que el servicio de restauración no se ha prestado a plena satisfacción de los usuarios y que ha habido quejas, pero no ha habido motivos para revocar su relación contractual.

Fernández, que sigue ocupando sus cargos institucionales y que ayer acudió a la presentación de un plan de empleo del Gobierno de Madrid, anunció la semana pasada que se tomaba un "periodo de reflexión". Sobre este asunto, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado que tomarse un "período de reflexión" no debería ser solo una opción personal para Arturo Fernández, sino que debería hacerlo también la propia organización. Para el líder de UGT, si se demuestra que eso es cierto "la situación es insostenible" y la CEOE, que ya tiene el "antecedente" de su presidente anterior, Gerardo Díaz Ferrán, debería "generar una dinámica" para resolver la situación.