El Gobierno regional incentivará los contratos a jóvenes y mayores de 45 años
El plan presentado a empresarios y sindicatos dispone de unos 150 millones de euros Cuatro oficinas públicas pondrán en marcha un programa para 'cazar' puestos de trabajo
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha presentado este lunes a los agentes sociales un plan de empleo que adelantó la semana pasada y que pretende incentivar la contratación de jóvenes y mayores de 45 años con subvenciones a los empresarios y medidas para propiciar el autoempleo, cuando el paro en Madrid, aunque seis puntos menor que la media nacional, roza ya el 20%. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en la Comunidad de Madrid había en el cuarto trimestre de 2012 más de 665.000 desempleados, el 19,88% de los que quieren trabajar.
González se ha reunido con los secretarios regionales de CC OO, Jaime Cedrún, y de UGT, José Ricardo Martínez, así como con el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. El Gobierno regional volverá a reunirlos en unos 10 días para recoger sus aportaciones al plan, que cuenta con unos 150 millones de euros.
Los empresarios que realicen un contrato indefinido a tiempo parcial a una persona mayor de 45 años recibirán 1.000 euros y quienes formalicen un contrato en prácticas obtendrán 500 euros al año (puede durar dos años como máximo). A ese tipo de contratos solo se puede acceder en los cinco años posteriores a la finalización de estudios universitarios o de formación profesional.
La subvención que nunca llegó
“Hay miles de solicitudes, pero no hay dotación; es decir, no hay dinero para pagarlas”. Así de tajante se mostró hace unas semanas un alto cargo de la dirección General de Formación, que depende de la Consejería de Empleo, en referencia a las subvenciones ofertadas para abrir un negocio como autónomo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), que destinaba a ese programa 16,3 millones de euros para Madrid entre 2007 y 2013.
Isabel Pérez, Cristina García Arcos y Roberto Rodríguez, tres afectados por la falta de presupuesto, grabaron estas palabras en un teléfono móvil tras presentarse en las oficinas de Empleo de la Comunidad.
Cristina y Roberto capitalizaron el paro y abrieron un bar en 2009, que cerró a final de 2012. La crisis los venció, se ahogaron en un mar de créditos y la ayuda que la Comunidad le aprobó a Cristina en 2009 no llegó. “Y nunca llegará”, asegura Roberto. A él sí le pagaron la ayuda en 2012.
“Nos han confirmado lo que nos temíamos. Manuel Fernández Moriche, jefe de unidad de ayuda al autoempleo, nos tendió la mano. Dijo que comprendía nuestro drama, pero que no podía hacer nada. Que no hay dinero”, explica Cristina. Sin embargo, en noviembre de 2012, el Gobierno regional destinó 27,4 millones para los emprendedores madrileños que generaran puestos de trabajo. “En la oficina de empleo nos dijeron que habían intentado desviar parte de ese presupuesto para pagar las subvenciones por abrir un negocio, pero se negaron”, asegura.
Jorge Riera, emprendedor de 28 años, afirmó que Fernández Moriche le dio la misma información. “He perdido la esperanza de que me paguen, pero no voy a quedarme callado. No quiero que engañen a más gente”, dijo convencido de sus palabras. Lo mismo declaró Isabel Pérez, que conduce un taxi para discapacitados y cuya solicitud se remonta a 2010.
Fuentes de la Consejería de Empleo corroboran que se agotó el presupuesto, pese a que en agosto pasado mantuvieron que sí había dinero para pagarlas. Hasta hace unos días en la página web de Empleo figuraba que el plazo para solicitarlas finaliza el 31 de diciembre de 2013.
A Cristina le queda la indignación y el pataleo. Dice que se pondrá en huelga de hambre frente a la oficina de la vía Lusitana. “Así a lo mejor consigo algo. Nos han engañado. Esto no puede quedar así”, sentencia.
Además el Gobierno de González propone asignar grupos de parados a agencias privadas de colocación que serán "premiadas si logran inserciones laborales prolongadas". También se va a poner en marcha una iniciativa "pionera" en España en cuatro oficinas de los servicios públicos de empleo (Azca, Getafe II, Legazpi y San Sebastián de los Reyes) que consiste en montar una unidad de prospección de puestos de trabajo en las empresas de su zona de influencia.
Las últimas reformas laborales han flexibilizado al máximo las condiciones para recurrir a las agencias privadas, pero los servicios públicos apenas han buscado sus servicios. La Administración autonómica pagará un fijo por cada parado derivado a la agencia privada más un variable si consiguen la inserción laboral por un mínimo de seis meses.
“No nos gusta mucho” esa colaboración con los privados, avanza el secretario general de CC OO de Madrid, Jaime Cedrún. Eso sí, valora que “después de dos años de no hacer nada” se traslade a los desempleados que los agentes sociales “son capaces de ponerse de acuerdo para buscar soluciones”.
En la misma línea, su homólogo de UGT considera “de enorme importancia que la Comunidad de Madrid, por primera vez en su historia, se plantee un plan para hablar de empleo y hablar de los desempleados y desempleadas”, afirma Martínez.
Tanto IU como UPyD mostraron su desacuerdo con el proyecto. La coalición de izquierdas critica la “nueva vuelta de tuerca en la política conservadora y privatizadora del Gobierno regional” y UPyD reclama que el plan de empleo se presente en la Asamblea y se centre más en la formación.
Según la propuesta del Gobierno regional, esos 1.000 euros se concederán siempre que el trabajador contratado lo sea por al menos la mitad de la jornada completa; si el contrato a tiempo parcial se hace por menos tiempo, se reducirá proporcionalmente la cuantía.
Por otro lado, los contratos en prácticas obtendrán 500 euros al año (puede durar dos años como máximo), y se prorrateará si las prácticas durasen menos de un año. A ese tipo de contratos solo se puede acceder en los cinco años posteriores a la finalización de estudios universitarios o de formación profesional. En la región hay unos 25.000 desempleados en esa situación, según fuentes sindicales.
En cuanto a la formación de las personas sin empleo, la Comunidad financiará el aprendizaje en la empresa a cambio de que el empresario se comprometa a contratar a un mínimo del 60% de los alumnos durante al menos seis meses.
Un punto que se prevé también polémico es el programa de “colaboración social” de los parados en Ayuntamientos por los que recibirán una remuneración complementaria a la prestación por desempleo. Los sindicatos tienen muchas dudas respecto a esta posibilidad y, por ejemplo, Cedrún considera que debería circunscribirse a los desempleados que carecen de ingresos.
Asimismo, se propone formación con prácticas remuneradas para los parados sin prestación con baja cualificación profesional, así como la posibilidad de obtener certificados de aptitud profesional que les permitan acceder a un trabajo.
Se completan las medidas formativas con una nueva convocatoria de formación continua en los ámbitos que se consideren prioritarios y programas a medida en los centros propios de la Comunidad de Madrid para dar respuesta a las necesidades de las empresas madrileñas. Habrá actuaciones específicas en las áreas de turismo de naturaleza y en el sector audiovisual.
Para apoyar a los que se decidan por el autoempleo, se pone a disposición de los emprendedores microcréditos por valor de 50 millones, ampliables a 100, y locales del IVIMA en alquiler a precios reducidos los tres primeros años (hay unos 400 disponibles).
Más novedoso es el programa Impulsa a un emprendedor por el que las empresas (el Gobierno asegura que ya hay “un gran número” de ellas involucradas) ofrecen recursos que no necesitan (por ejemplo, maquinaria) para que puedan poner en marcha el negocio, si bien las contrapartidas por esas cesiones aún no están aclaradas.
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