Josep Piqué: “No nos conviene que nos lleven a callejones sin salida”

El Círculo de Economía esta semana ha movido ficha en el debate soberanista con una nota de opinión en la que aboga por el diálogo entre los ejecutivos central y catalán, propone una reforma constitucional y acepta una consulta avalada por los ciudadanos. Esa nota es la cuarta en apenas año y medio que aborda las relaciones entre Cataluña y España. Un debate que su presidente, Josep Piqué, dijo que no rehuiría cuando asumió la presidencia del lobbyen 2011 y que siempre provoca un gran debate interno.

Pregunta. La primera vez que propusieron reformar la Constitución fue en 2010 y ya entonces sorprendió que esa demanda fuera ese punto de equilibrio.

Respuesta. Eso ocurrió bajo la presidencia de Salvador Alemany. Yo era vicepresidente, por lo que hago también mía la nota. Hablábamos de la renovación del pacto constitucional porque desde hace tiempo constatamos una ruptura del espíritu de la transición, que trajo el consenso constitucional. No entre los grandes partidos, o no de forma significativa, pero sí en los partidos nacionalistas que estuvieron en los consensos de la Constitución y de los Estatutos. Eso nos preocupa, porque se profundiza en el proceso de desvertebración y descohesión del conjunto de la España democrática. Pero los ejercicios de consenso requieren de voluntad de diálogo, lealtad y generosidad. Eso es lo que pedimos a los poderes políticos.

P. A tenor de su última nota de opinión, no hay nada eso. Es más, en ella denuncian la falta “inaceptable de diálogo”.

R. Insistimos mucho en ello porque entendemos que la política sin diálogo no es democrática. Las posiciones ahora están tan confrontadas que es difícil pensar que hay un territorio de encuentro. No podemos dejar que los temas se enconen, cristalicen y luego no haya puntos de salida. La obligación de los políticos es no llevarnos a callejones sin salida.

P. ¿Se equivocó el presidente Mariano Rajoy al dar un portazo al pacto fiscal que le propuso Artur Mas?

R. No sabemos qué le dijo. Sabemos es que el presidente de la Generalitat afirmó que como le habían dicho que no le daban lo que había pedido anticipaba las elecciones.

P. ¿Cree que no le dio portazo?

R. No lo sé. Me consta que hay voluntad de abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, entre otras cosas, porque es inevitable. El modelo no aguanta porque se basa en las premisas de una época económica muy diferente a la actual, en la recaudación de determinados impuestos muy vinculados a la actividad fundamentalmente la inmobiliaria. Si el gobierno español se cerrara a abordar esta cuestión de forma urgente se equivocaría.

P. El Círculo de Economía avala una consulta soberanista. ¿Con qué condiciones?

R. El respeto a la legalidad es un principio irrenunciable. Ahora bien, si en un marco de encuentro tras un proceso de diálogo y negociación hay que proceder a una reforma institucional, la propia Constitución fija que hay que preguntar a los ciudadanos. Si solo afecta a las instituciones catalanas, como una reforma del Estatuto, hay que preguntar a los catalanes. Si lo hace al conjunto de la arquitectura institucional española, hay que preguntar a los españoles. La eventual consulta no puede ser el punto de partida, que dicen unos, ni el de llegada, que dicen otros, sino de encuentro: vamos a preguntar a los ciudadanos si avalan los acuerdos los que hemos llegado.

P. Pero eso no es así desde el momento en el que CiU y ERC acuerdan una fecha para la consulta.

R. No nos conviene que los políticos nos lleven a callejones sin salida. Una negociación o un diálogo no se pueden empezar con apriorismos innegociables. Sin mentalidad abierta, el diálogo no es leal.

P. El Círculo avaló una reforma de la financiación autonómica pero no el pacto fiscal de Mas. ¿Sufrió presiones para que lo apoyaran?

R. La independencia de las instituciones de la sociedad civil es fundamental para las instituciones democráticas. Si la sociedad civil se pliega a los proyectos del poder político y sigue consignas está muerta. Por eso soy muy celoso y lucharé hasta el último día de presidencia para preservar la independencia de la institución a pesar de las presiones. Las hemos tenido de todo tipo y las hemos resistido.

P. Las empresas ya vivieron un boicot de productos catalanes durante el debate del Estatuto. ¿Eso ha vuelto a ocurrir ahora?

R. En estos momentos, no. Todos hemos aprendido las lecciones de un proceso que no se llevó bien. Pero sí debe hacer reflexionar a los políticos de que sus decisiones y actitudes pueden afectar a la actividad económica y empresarial y hay que pedirles un altísimo sentido de la responsabilidad. Frivolidades las mínimas.

P. La diferencia es que en el proceso del Estatut no había la atención de los medios internacionales que hoy sí hay.

R. Hay que ver cómo impacta todo eso en la marca España. Un país que da la imagen al exterior de que se puede romper se percibe como inseguro e incierto. Cuanto antes se cierre ese debate mejor para todos.

P. Al debate territorial se añaden los numerosos casos de corrupción destapados. ¿Hay una crisis institucional más general?

R. España sufre las consecuencias de una crisis económica que ya tiene cinco años y medio de duración y que aún puede durar tres más. Estamos hablando de una década prácticamente perdida. Si a ello le añadimos la percepción generalizada, aunque probablemente injusta, de corrupción en los ámbitos públicos el resultado es demoledor. Todos los sacrificios que se están pidiendo a la ciudadanía son demandados por responsables políticos que son percibidos como no merecedores de la confianza de los ciudadanos.

P. Usted coincidió en el Senado con Luis Bárcenas y fue ministro en gobiernos de José María Aznar. ¿Vio sobres?

R. Le he decir con toda rotundidad que no, que nunca he visto sobres de ningún tipo. Otra cosa es que me escandalice como cualquier otro ciudadano saber que este señor que ha sido tesorero del PP ha acumulado una enorme fortuna que, además, ha situado al margen de la situación española y con consecuencias fiscales. Por el prestigio de las instituciones y la sostenibilidad del sistema de representación política, el Partido Popular, así como el resto de partidos, no tienen más remedio, ni que sea por instinto, ni la obligación moral de llegar hasta el final.

P. ¿Volvería a la política?

R. No. He dedicado prácticamente 14 años al servicio público. Y creo que ya está bien.

P. Los presuntos casos de corrupción o fraude, sin embargo, no solo afectan a los partidos y han alcanzado a otras instituciones como la patronal.

R. Es un problema colectivo. Probablemente la sociedad española tiene unos niveles de tolerancia respecto a la picaresca y a los comportamientos irregulares por encima de lo que nos correspondería. Y no es justo solo culpar a los poderes públicos. Estamos viendo estos casos que tienen un efecto demoledor sobre el prestigio de las instituciones. Que el señor Díaz Ferrán aguantara tanto tiempo no es atribuible solo al señor Díaz Ferrán, sino al conjunto de la patronal, que aceptó que una persona que tenía problemas evidentes se aferrara al cargo. Hay una responsabilidad colectiva.

P. ¿Qué opina de los acuerdos fiscales entre CiU y ERC?

R. Están en contradicción con la que ha sido siempre la filosofía política de CiU. Y eso ha creado desconcierto y desorientación en el mundo empresarial. En la anterior legislatura, cuando ganó CiU y accedió al gobierno el mensaje fue que sería un gobierno business friendly. Y ahora no lo es. Pero también genera desconcierto y desorientación las subidas del Gobierno español, en concreto la del IRPF y la de sociedades.