Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El caso del espionaje se ceba en CiU, que ve peligrar el proceso soberanista

El consejero Felip Puig fue investigado, presuntamente, por otros dirigentes de Convergència

Germá Gordó (i) y Felip Puig (d). Ampliar foto
Germá Gordó (i) y Felip Puig (d). EFE

La hoja de ruta que Convergència i Unió había trazado hace apenas dos meses mandaba que, por estas fechas, tocaba agudizar el pulso con el Gobierno central por el límite de déficit autonómico al tiempo que se ponía en marcha el proceso soberanista con la creación del llamado Consejo Catalán de Transición Nacional. Los nacionalistas pretendían que todos los focos estuvieran centrados en un nuevo episodio del desencuentro entre Cataluña y el resto de España. En lugar de esto, CiU y el Gobierno de Artur Mas lidian estos días por que la avalancha de casos de corrupción no se lleve por delante todo el proceso puesto en marcha por el presidente catalán. El reciente escándalo por el presunto espionaje a políticos y empresarios en Cataluña no ha hecho más que aumentar la desazón en las filas nacionalistas y, por si fuera poco, ayer trascendió que dirigentes de la federación nacionalista fueron supuestamente espiados por sus propios compañeros de partido.

Método 3, la agencia de detectives de Barcelona en proceso de liquidación que espió las conversaciones de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, con la exnovia de Jordi Pujol Ferrussola, dio ayer un nuevo susto a los partidos catalanes. Entre las decenas de dosieres de espionaje que elaboró esta empresa constan seguimientos a dirigentes de casi todos los partidos, también de fuera de Cataluña, así como personajes públicos alejados de la política. Así, según publicó ayer La Vanguardia, la agencia de detectives espió al expresidente de la Generalitat José Montilla, al expresidente de Esquerra Republicana Josep Lluís Carod Rovira y a dirigentes socialistas como el alcalde de Lleida, Àngel Ros. También constan seguimientos al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, al comisario de Competencia, Joaquín Almunia, o al empresario y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

La policía está investigando estos informes. Se los entregó un extrabajador de la agencia después de que la empresa dejara de pagarle. Pero lo que más sorpresa generó ayer, especialmente en las filas de CiU, fue que pudiera haber espionaje dentro de la propia federación. Según El Periódico de Catalunya, dirigentes de CDC encargaron a Método-3 en 2009 un dossier sobre el exconsejero de Interior y actual consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig. En concreto, según el rotativo, el encargo lo hizo presuntamente el actual responsable de las prisiones catalanas, Xavier Martorell, quien supuestamente contactó con la agencia de detectives con el conocimiento del entonces gerente el partido Germà Gordó, que hoy es consejero de Justicia.

Martorell fue cliente habitual de la empresa de detectives en la época en que fue responsable de seguridad del Fútbol Club Barcelona. Entonces llegó a encargar informes sobre cuatro vicepresidentes de la entidad.

Convergència se apresuró ayer a desmentir que sus dirigentes se espiaran entre sí y anunció querellas contra quienes publiquen estas informaciones. El secretario de Organización del partido, Josep Rull, insistió en que “CDC no ha encargado ningún informe referido a sus militantes, algo que sería absurdo e inaudito, ni tampoco a terceras personas”.

También Puig aseguró que no cree que haya sido espiado por nadie de su partido. En el tiempo de las escuchas, Puig era señalado como uno de los dirigentes de CDC implicados en la presunta financiación irregular del partido a través del Palau de la Música.

Rull volvió a insistir en la tesis de que el escándalo de las escuchas ha estallado para perjudicar el proceso soberanista de Cataluña. “No es azaroso que hayan aparecido tantas noticias vinculadas a Cataluña y concretamente a CDC durante un tiempo tan corto. Quizás a alguien le interese crear una situación de tensión para parar el proceso de transición nacional”, dijo.

Prolijo en metáforas marineras, el presidente Artur Mas solo alcanzó ayer a valorar como una tormenta importante lo que está ocurriendo en esta comunidad. E insistió en vincularlo al proceso soberanista. “Cataluña está zarpando para iniciar una nueva singladura, pero no será fácil; habrá obstáculos de toda clase, vientos muy fuertes delante y olas muy altas, incluso bravas”, dijo.

La preocupación en Convergència es mayúscula, puesto que el escándalo de las escuchas se suma a la ya grave situación creada ante la más que probable imputación de su secretario general, Oriol Pujol, por presunto tráfico de influencias dentro del caso de las concesiones de ITV. Además, Convergència tiene la sede embargada por el juez a raíz del caso Palau y tiene pendiente de imputación al diputado y exalcalde de Lloret Xavier Crespo, por su supuesta relación con la mafia rusa.

Sus socios de Esquerra Republicana están exigiendo que CDC haga limpieza interna para que la corrupción no perjudique el proceso soberanista.

Algunas de las supuestas víctimas de los seguimientos mostraron ayer su repulsa. El vicepresidente y comisario europeo de Competencia, Joaquin Almunia, exigió responsabilidades hasta el final por lo que calificó de “tropelías impropias de una democracia”. El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, destacó que las escuchas que afectaron al presidente madrileño, Ignacio González, “ya están sometidas a investigación judicial”. El alcalde de Lleida, Àngel Ros, expresó su rechazo al espionaje porque lo que deben de hacer los partidos es “escuchar a los ciudadanos” y no entre ellos.