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Un alcalde de CiU y un concejal del PP detenidos por contratas municipales

La juez del caso investiga adjudicaciones públicas en Sant Hilari Sacalm y Galicia

Agentes irrumpen en en el Patronato de Turismo de Girona. Ampliar foto
Agentes irrumpen en en el Patronato de Turismo de Girona.

Al igual que ocurrió con el caso Campeón, uno de los hilos de la maraña de la Operación Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia ha llevado a los investigadores a Cataluña. Agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron ayer por orden de la juez de Lugo Pilar de Lara a nueve personas —cuatro en Santiago, otros tantos en Girona y uno en Asturias—, entre ellos un concejal del PP en la capital gallega y un alcalde de CiU en Sant Hilari Sacalm (Girona). Si la Pokémon investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios municipales al grupo Vendex, la Operación Manga, como ha sido bautizada esta derivada de la causa, indaga en contratas con las empresas Aquagest y GRS Arc Local.

La extensión sin freno del caso Pokémon, que estalló en septiembre de 2012, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno del PP en Santiago de Compostela, dividido entre el salón de plenos y sus visitas al juzgado. Tras la imputación del alcalde de la capital gallega, Ángel Currás, de una de sus concejales y de su jefe de gabinete, agentes de Vigilancia Aduanera detuvieron ayer al edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y al exjefe de gabinete de la Alcaldía, el popular Ángel Espadas. Y registraron la casa del exregidor Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir hace menos de un año tras ser imputado por fraude fiscal.

Ayer también fueron detenidos en Santiago dos empresarios: el gerente de la concesionaria de aguas de la ciudad (Aquagest), José Luis Míguez, y Jesús Fuentes, organizador de espectáculos. Ambos son cercanos a Espadas, mano derecha de Conde Roa, que debió entregar su acta de concejal en 2011 al ser sorprendido borracho al volante, aunque en cuanto ganó el PP las elecciones fue nombrado jefe de gabinete del alcalde.

La Operación Manga investiga la recaudación de tributos en La Selva

Míguez, conocido como El Pesetas, fue nombrado gerente de Aquagest también poco después de que Conde Roa se hiciese con el bastón de mando. Con el exalcalde, Míguez mantuvo una importante negociación para pactar una fórmula que permitiese prorrogar la concesión del servicio de aguas a la compañía, ya fuese a través de un acuerdo de inversiones o formando una empresa mixta con el Ayuntamiento. La dimisión de Conde Roa tras ser imputado por fraude fiscal paralizó los contactos. En Asturias fue ayer arrestado Joaquín Fernández Díaz, presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, vinculado a Aquagest y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería.

Los agentes entraron en el Ayuntamiento de Santiago por la mañana. Realizaron registros informáticos y requisaron información sobre la adjudicación del servicio de aguas a Aquagest, documentación sobre el servicio de grúa que está en manos de Setex-Aparki y expedientes sobre la gestión de multas concedida a GRS Arc Local.

Sobre esta compañía pivota la rama catalana del caso. El alcalde de Sant Hilari Sacalm, presidente del Consejo Comarcal de La Selva y miembro del Patronato de Turismo de la Costa Brava, Robert Fauria (CiU), es sospechoso de dar un trato de favor en la adjudicación de contratos públicos a la empresa GRS Arc Local. El administrador y apoderado de la misma, Alex Ros y Josep Maria Franc, también fueron detenidos, así como el jefe del Departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consejo Comarcal de La Selva, Joan Carles Feliu. Este es el responsable de recaudación del ente, que actuaba de enlace con la compañía y compartía oficina con el apoderado de GRS.

Más de cuatro agentes de paisano permanecieron ayer varias horas en el ente público. Tras hablar con el gerente, interventor y secretario, registraron los ordenadores en búsqueda de expedientes de contratos públicos y de personal. Fauria fue trasladado también a la sede del organismo para que colaborase en los registros.

El Consejo Comarcal, presidido por Fauria, habría favorecido a GRS Arc Local

GRS trabaja para el consejo comarcal desde hace unos 15 años. En junio del año pasado consiguió la adjudicación de la gestión de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Santiago. Ambos contratos están bajo sospecha de la SVA. Asimismo, la empresa ha ganado diversos concursos en Albacete, Valladolid, Barcelona y Girona. Su sede en Lloret fue registrada, así como las viviendas de los dos empresarios.

Los agentes entraron también en la sede de la Diputación de Girona —registraron las dependencias del organismo Xaloc, que se encarga de la gestión de los impuestos de algunos Ayuntamientos y que tiene varios servicios adjudicados a GRS— y en la sede del Patronato de Turismo de la Costa Brava. A la mayoría de los detenidos, que está previsto que empiecen a declarar hoy en Lugo, se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación, aunque alguno de ellos está acusado también de falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, el gerente del Consejo Comarcal de La Selva, Joan Burjach, deberá declarar hoy en la sede de la Agencia Tributaria en Girona, aunque no ha trascendido si como testigo o imputado.

Los tentáculos de la investigación del caso Pokémon contra la corrupción municipal en Galicia han atrapado ya a políticos de cinco Ayuntamientos controlados por PP y PSOE. Entre la treintena de imputados hay tres alcaldes y dos exregidores.

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