La fiscalía investiga un contrato de 190 millones de la Generalitat con Telefónica

La fiscalía investiga las presuntas irregularidades cometidas por cargos de la Generalitat en la adjudicación de un concurso público a una filial de Telefónica por casi 200 millones de euros. En julio del año pasado, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), organismo que depende del Departamento de Empresa y que gestiona las telecomunicaciones y la informática de la Administración autonómica, sacó a concurso diversos lotes sobre gestión de TIC. Uno de ellos, con un presupuesto máximo de licitación de 190,51 millones, fue adjudicado a Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, filial de la compañía que preside César Alierta.

La fiscalía sospecha que responsables del CCTI —aún no se ha determinado la participación de personas concretas en los hechos— modificaron el pliego de cláusulas de los contratos para beneficiar a Telefónica. Al constatar que, con las condiciones fijadas para el concurso, la compañía telefónica no iba a poder salir ganadora, los funcionarios adaptaron las bases al perfil de la filial. Lo hicieron, además, una vez que el plazo para que los aspirantes presentaran sus ofertas ya había expirado, según fuentes de la investigación.

El objeto del contrato de servicios entre el CCTI y Telefónica es la “operación de plataformas tecnológicas”, uno de los cuatro lotes sobre “apoyo al usuario” que sacó a concurso la Generalitat. El acuerdo se formalizó el pasado diciembre y tiene una vigencia de ocho años. Es uno de las tres adjudicaciones públicas que la fiscalía investiga desde que la semana pasada decidiera abrir diligencias a raíz de un informe demoledor de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

Antifraude estudió una denuncia que daba todo lujo de detalles sobre las irregularidades y llegó a la conclusión de que los responsables de distintos organismos públicos pudieron cometer los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad y alteración de precios en concursos. Además del contrato de la Generalitat, la fiscalía tiene en el punto de mira una adjudicación de la Diputación de Barcelona y otra del Consorcio Sanitario de Terrassa. En todas esas adjudicaciones, la empresa ganadora fue Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones.

Las irregularidades se cometieron, presuntamente, entre 2008 y 2012. Una de las prácticas denunciadas por Antifraude es la filtración de requisitos de un concurso público, de forma que la filial pudiera acceder con ventaja sobre el resto de competidores.