La gestión de la basura se acerca al colapso por la falta de instalaciones

La fecha tope es 2020. Para entonces, solo quedarán espacios protegidos en suelo valenciano donde poder abrir agujeros para verter residuos. Es la estimación de la propia Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En 2020, siete millones de personas habitarán en la Comunidad Valenciana y cada una de ellas producirá una media de 600 kilos de residuos al año. Entretanto, el negocio de la basura emite sensaciones de caos. Se nutre de más de 2,6 millones de toneladas de residuos por año con resultados lejanos a los niveles de eficiencia requeridos por la legislación europea y se rige por el Plan Integral de Residuos (PIR) de 1997, que tiene a la basura valenciana viajando de provincia a provincia por la falta de infraestructuras de eliminación suficientes. El resultado del PIR es hoy un conjunto deslavazado de plantas obsoletas e ineficientes y con tecnologías no homogéneas que generan malos olores. En algún caso, además, emiten un cierto tufo a corrupción.

“El caos es total y el sistema está próximo al colapso”, advierte el diputado socialista, Francesc Signes, que conoce bien el problema de los residuos. “Si la consejera Isabel Bonig no se pone las pilas, habrá un colapso parecido al de Nápoles. No habrá lugar donde meter la basura”, advierte.

“El PIR de 1997 es un fiasco total”, asegura Signes. En 2006 trató un nuevo plan de residuos con el entonces consejero Rafael Blasco: “Lo llegué a tener en la mano, faltaban unos remates. ¿Qué está pasando?”, se pregunta. Desde la consejería, el director de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, asegura que el nuevo plan cuenta ya “con todas las bendiciones” pero está a la espera de que Bonig lo ponga en común con Signes. El socialista sigue esperando la llamada sin atreverse a aventurar cuándo saldrá el nuevo plan que ponga remedio al caos.

La gestión será un fiasco, según la oposición, pero la basura es todo un negocio con un lucro difícil de calcular por las ingentes cantidades de dinero que mueve y las distintas tasas que paga cada uno de los valencianos por su tratamiento y eliminación. La gestión de residuos es la partida más grande del presupuesto de un municipio y, por tanto, es un negocio con una indudable perspectiva de seguridad y rentabilidad.

En la Comunidad Valenciana, cinco constructoras que entraron hace tiempo en el negocio de los residuos —FCC, Ortiz e Hijos, Lubasa, Urbaser-ACS y Ferrovial a través de Cespa— gestionan casi el 70% de las instalaciones de los 18 planes zonales en los que la Generalitat dividió el territorio valenciano y pretendía dar salida a la basura.

La provincia de Alicante es un buen ejemplo de esta concentración del negocio. Prácticamente el 70% del tratamiento de residuos depende íntegra o parcialmente de FCC, Enrique Ortiz e Hijos o Cespa —el otro 30% se lo reparten Florentino Pérez (Urbaser) y Vaersa (entidad pública)—. Las tres primeras empresas coinciden en Inusa, una UTE (Unión Temporal de Empresas) que dirige la planta de tratamiento de Fontcalent, una partida rural de Alicante a la que llegan residuos de distintos puntos sin aparente orden ni concierto en un clima de constante polémica. Ya sea porque los vecinos denuncian olores y vertidos masivos de residuos sin tratar que producen lixiviados, o bien porque el Ayuntamiento mantiene que es “una planta ejemplar”.

Lo cierto es que los números de Fontcalent son para sonrojarse. La planta ya acumula unas 1.500 quejas presentadas por vecinos y entidades ecologistas en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Casi el 80% de las 135.190 toneladas que recibió en 2011 esta planta dependiente del Ayuntamiento de Alicante fue rechazado durante su tratamiento. Es decir, ni se pudo reciclar ni convertir en material orgánico reutilizable (compost). Según datos de la memoria de 2011 del Comité Económico y Social (CES) valenciano, la planta recicló un 1,1% de los residuos entrantes y recuperó un 1,8% de compost. El estudio se refiere a cifras que “no incluyen las 130.000 toneladas extra de basura que Fontcalent recibirá de las comarcas del sur de Valencia a partir de 2013 y que llevará al borde del colapso a la planta”, destaca Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción. A fecha de hoy, la planta más que tratar, entierra residuos. Fue inaugurada en 2008 y costó 17 millones de euros.

“Lo que era una teórica planta de reciclaje es un auténtico vertedero. Los malos olores llegan a veces hasta los barrios exteriores de Alicante. Se está haciendo caja a costa del medio ambiente”, denuncia Miguel Ángel Pavón, ecologista y edil de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante. “La contrata de la planta, que incluye la recogida de residuos, no sabemos exactamente cuánto cuesta. Se presupuestan 30 millones al año, pero acaban siendo casi 40. Al final son contratas de más de 400 millones. Está pendiente la adjudicación de los próximos 12 años y con los datos oficiales Inusa debería estar descartada de entrada, pero aquí no se mueve un dedo para sancionar a nadie”, remata el concejal.

Esta baja eficiencia para reciclar y recuperar residuos es la tónica en la mayor parte de las plantas del territorio valenciano. Del 1.844.266 toneladas de basura que tratan las instalaciones valencianas, solo acaba compostado un 7,2% de material y reciclado un 4,5% del total. Al mirar las cifras de reciclado en contenedor de 2011 —es decir, el esfuerzo que cada ciudadano hace en casa para separar su basura en distintos contenedores—, el dato supone un 7,1% del total. El ciudadano es casi tres puntos más eficiente en el reciclaje que las plantas.

La consejería dice que tiene a punto el futuro programa para los desechos

El director de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, lo admite: “En general, el ciudadano se comporta mejor reciclando que las plantas. Hay alguna que hay que modernizar y hay que invertir lo que revierte en las tasas de la ciudad”.

En la memoria del CES ninguna instalación de la Comunidad Valenciana se acerca remotamente al 40% estipulado por la ley europea o el 30% fijado por el plan nacional integral de residuos rechazados en planta. Todas superan ampliamente estas cifras. Plantas como las de El Campello (Alicante) o las nuevas instalaciones de Quart de Poblet (Valencia), ambas inauguradas en 2009, rozan el 70% de rechazo en planta, más incluso que la de Guadassuar, creada en 1989 y que acaba enterrando el 62,5% de la basura que trata.

Según la memoria, la planta de Algimia d’Alfara, la joya de la corona, inaugurada en 2011 y que recibe basura del norte de Valencia y sur de Castellón, solo ha recuperado un 0,95% del material tratado y tiene unos niveles de rechazo superiores al 50%, aunque la consejería discute el dato y asegura que el rechazo está por debajo de lo que exige Europa.

“La normativa europea de 2008”, explica el diputado provincial de Alicante por el PSOE Raúl Medina, “establece una jerarquía de medidas a tomar de cara a la gestión de residuos en territorio europeo que prevé primero la prevención; luego la preparación para la reutilización, el reciclado, otros tipos de valorización (como la energética) y finalmente la eliminación en vertedero”. “Aquí pasamos claramente de prevenir y reutilizar, amagamos con reciclar y nos hinchamos a eliminar”, resume Medina.

Cinco empresas gestionan el 70% de las instalaciones de tratamiento

Salvo sanciones aisladas y toques de atención, la única instalación clausurada por el momento ha sido el vertedero de La Murada-Orihuela, gestionado por Proambiente y propiedad de Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal. Y es en La Vega Baja donde la gestión de los residuos ha quedado ligada a la corrupción de Brugal con supuestos sobornos en la adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela y la investigación en torno a la concesión del macrovertedero de la comarca, en la que están imputados el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y el constructor Enrique Ortiz, quien junto a Cespa logró el contrato que analiza la Justicia. Ortiz también participa en la gestión de la planta de Fontcalent.

Arrancando en Castellón y con presencia hacia el sur en seis de los 18 planes zonales destaca también en el negocio la empresa Lubasa, cuya filial medioambiental es Tetma. Luis Batalla, que era administrador único de Lubasa, tuvo que dejar la construcción para la Administración a raíz de una condena por falsedad documental y fraude a Hacienda.