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La Generalitat apuesta por incinerar las basuras en cementeras

La revisión del PIR aplaza la construcción de un mínimo de tres plantas

La industria cementera podría venir a sustituir la construcción de las "tres o cuatro instalaciones de valorización energética (incineradoras)" que el Plan Integral de Residuos de 2010 consideraba necesarias para la eliminación de residuos urbanos. La Generalitat ha revisado ahora este texto elaborando un nuevo documento, el PIRCV, en el que aboga por que sean las cementeras las que se hagan cargo de la quema de basuras para aprovechar así instalaciones ya existentes y evitar las elevadas inversiones que supondrían las nuevas plantas.

El documento, que se trasladó en noviembre a los diferentes órganos consultores para que emitieran sus informes, continúa apuntando a la posibilidad de que la Generalitat declare la valorización energética como servicio público de titularidad autonómica y le reconoce su "papel clave" para impulsar y ejecutar los proyectos. La incineración se propone así como salida al actual colapso de basuras en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, introduce un cambio sustancial al dar prioridad a las cementeras por ocupar un "lugar relevante" como "sectores con potencialidad para la valorización energética". El PIRCV recuerda que en la actualidad ya utilizan residuos industriales y abre la puerta para utilizar los residuos urbanos como combustible mediante su incineración.

El CES ve necesario coordinar mejor los consorcios y los entes de residuos

La intención es "aprovechar instalaciones ya existentes considerando las elevadas inversiones, la complejidad tecnológica y la necesidad de medios materiales y humanos muy cualificados para afrontar el desarrollo de proyectos específicos para la valorización energética de residuos urbanos". El documento del PIRCV ha borrado la referencia a la necesidad de contar como mínimo con tres o cuatro incineradoras. Pese a ello, desde la Consejería de Medio Ambiente precisan que el cambio "no excluye ninguna posibilidad, ni especifica que no se puedan construir". Pero su ejecución se verá supeditada a las posibilidades de la industria cementera.

La redacción del PIRCV no da un portazo a la construcción de plantas incineradoras, pero sí condiciona su número y ubicación a las posibilidades de quema de residuos que se abren con la industria del cemento. Según el nuevo documento, se deberá hacer un estudio sobre la necesidad de estas nuevas instalaciones de valorización energética. En el punto de partida de este análisis de necesidades la Consejería de Medio Ambiente advierte que "se tendrá en cuenta la actual existencia de sectores con potencialidad para la valorización energética como la industria cementera". Así, sólo una vez analizadas las posibilidades que ofrecen estas fábricas se fijarán el número y ubicación de posibles incineradoras.

La consejería recuerda que la gestión de los residuos urbanos la llevan a cabo los diferentes consorcios o entes locales, por lo que insta a que sea dentro de estos órganos donde se cierren los contratos o convenios con las instalaciones del sector cementero.

En su informe, el Comité Económico y Social (CES) destaca la necesidad de mejorar la coordinación de los consorcios de residuos para elaborar un modelo de ordenanza común que permita, entre otras cosas, que las tasas de basuras no varíen según el municipio de residencia. El presidente del CES, Rafael Cerdá, aclaró que en el informe no se han pronunciado sobre los proyectos de incineración "porque no viene establecido ni el número ni el lugar donde se instalarán", pero se manifestó favorable a esta vía para solucionar el actual colapso de basuras.

Recomendaciones

- Libre competencia entre la iniciativa pública y privada. El CES pide que se establezca un plazo concreto y objetivo que fije la participación de la iniciativa pública para construir las plantas de tratamiento y valorización de residuos solo cuando no sea viable por empresas públicas. Pide además reducir los plazos administrativos.

- Más coordinación entre consorcios de residuos. Pide crear un consejo de participación de ámbito autonómico para elaborar un modelo de ordenanza común que incluya, entre otras cosas, una tasa común en toda la comunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de diciembre de 2011

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