Coto a la fuga de impuestos
Álava y Bizkaia seguirán los pasos a Gipuzkoa con la derogación del régimen especial de las Sociedades de Promoción de Empresas
Las Haciendas de Álava y Bizkaia, gestionadas por el PP y el PNV, respectivamente, han asumido que el régimen tributario de las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), una rendija fiscal que han aprovechado muchas empresas para eludir impuestos, tiene los días contados en esos territorios. Van a seguir los pasos de Gipuzkoa, que derogó esta figura impositiva en diciembre pasado con el apoyo de todos los partidos políticos. Tanto Álava como Bizkaia han expresado su voluntad de suprimir las SPE, tras admitir que no han dado el resultado para el que fueron creadas en 1996. Así lo ha confirmado el diputado general alavés, Javier de Andrés, y se refleja en las propuestas sobre fiscalidad que maneja el PNV.
El PP y, sobre todo, el PNV están decididos a echar abajo este recurso fiscal que ha permitido a muchas sociedades reducir al mínimo su contribución al fisco. En algunos casos, empresas domiciliadas en Euskadi que han obtenido beneficios multimillonarios han podido, por esta vía, pagar solamente el 1% de esas cantidades, cuando el tipo general del Impuesto sobre Sociedades está situado en el 28%.
El diputado general de Álava, el popular Javier de Andrés, ha afirmado esta semana en las Juntas Generales de este territorio que las SPE han dado resultados “variables”. Aboga por “ir desmontando” este sistema de tributación mediante “una fórmula transitoria”. No es partidario de una “cancelación” inmediata, sino de una modificación “progresiva y acordada” en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT).
Cuando Gipuzkoa puso fin a las SPE tenía acogidas en este régimen a 106 sociedades. El diputado de Hacienda alavés, José Zurita, aseguró el año pasado, en respuesta a una pregunta de Bildu, que en este territorio había “70 sociedades operativas” beneficiándose de esta fiscalidad. Bizkaia siempre ha ocultado su cifra, aunque podría estar a medio camino entre las existentes en Gipuzkoa y Álava. Bildu asegura que el centenar de SPE que había autorizado Gipuzkoa suponían “dejar de ingresar 600 millones anuales”.
Dos casos sonados
Un grupo societario del tenista Rafa Nadal tributó en el régimen de las Sociedades de Promoción de Empresas sin tener derecho a ello —sus empresas no tenían actividad en Gipuzkoa—. Estas obtuvieron entre 2005 y 2009 unos beneficios totales de 47,3 millones, pero solo abonaron al fisco guipuzcoano 11.058 euros (el 0,02%) gracias a las ventajas del régimen especial que les concedió la Diputación de Gipuzkoa. Posteriormente, el deportista mallorquín regularizó esta situación pagando una cantidad aproximada de 20 millones a la Agencia Tributaria estatal.
En Gipuzkoa hubo un intento en 2010 para eliminar las SPE de su catálogo de ventajas fiscales. Fue tras destaparse el caso Glass Costa Este Salou, una firma catalana, de la que era socio el exdirector de Hacienda y exsenador del PNV Víctor Bravo, que estaba dada de alta como SPE y obtuvo cuantiosos beneficios fiscales tras simular que tenía su domicilio fiscal en San Sebastián. El caso se encuentra en los tribunales.
El PNV siempre se mantuvo remiso a acabar con las SPE, pero tras su llegada al Gobierno vasco ha cambiado de estrategia, aunque sin un criterio uniforme. Por un lado, el grupo peneuvista en las Juntas alavesas se decanta por la “eliminación de los regímenes especiales”, donde están las Sociedades de Promoción de Empresas y otras, como las SOCIMI o ETVE. En cambio, la denominada “propuesta de acuerdo para la reforma fiscal” en el conjunto de Euskadi, que la dirección nacional del PNV ha presentado al resto de los partidos, es más ambigua y genérica.
Frente a la “eliminación que plantea el PNV alavés, el documento que ha presentado el presidente peneuvista, Andoni Ortuzar, aboga por una “revisión” de los regímenes especiales, “con atención especial a las SPE, cooperativas y régimen de mecenazgo”. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ya avanzó a finales del año pasado, en el debate sobre política general de las Juntas, su voluntad de terminar con las SPE. La Diputación que preside asegura estar “trabajando en la reforma tanto del Impuesto sobre Sociedades como del IRPF<CF>” y espera que en el curso del debate se trate el asunto.
La derogación de las SPE, en vigor desde 1996, quiere llevarse adelante “sin hacer mucho ruido”, reconocen expertos fiscales, con el fin de que la UE no tome cuenta de la situación que se ha dado con este régimen tributario, abolido en el resto de España, salvo en Navarra. Las haciendas no quieren verse envueltas en un problema semejante al de las vacaciones fiscales, que han acarreado una multa multimillonaria para las arcas públicas.
De Andrés, crítico con la decisión “unilateral” de Gipuzkoa de eliminar las SPE, propone la incorporación progresiva de estas al régimen general del impuesto, porque una supresión radical supondría "riesgo de descapitalización y de pérdida de empleo".
Las SPE deben tener un capital social desembolsado de tres millones de euros y no tributan, entre otras muchas ventajas, por las rentas que procedan de la transmisión de acciones o participaciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.