Dos importantes pasos

La última palabra la tendrá el Ministerio de Industria, que ostenta las competencias sobre los proyectos de hidrocarburos, como es el caso del que Gas Natural quiere acometer en Doñana. Pero entre los trámites que esta empresa tiene que completar necesariamente está un pronunciamiento explícito de la Administración andaluza, gobernada por PSOE e IU, sobre las afecciones medioambientales.

Así se establece en las dos declaraciones de impacto ambiental de las zonas del proyecto que afectan a Doñana, las del Saladillo y Marismas Oriental. "Previo al comienzo de las obras, el promotor deberá obtener el certificado de no afección a la Red Natura 2000, que será emitido por la Dirección General de la Red de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía", se señala en la segunda condición que el ministerio de Miguel Arias Cañete impuso al promotor cuando le concedió la declaración favorable.

Es decir, Gas Natural —cuya filial Petroleum Oil & Gas pretende acometer este proyecto gasístico de extracción y almacenamiento— tiene un importante trecho recorrido gracias el visto bueno del ministerio. Pero le queda recibir aún un pronunciamiento favorable de la Administración andaluza.

Cuando un proyecto se ubica dentro de la Red Natura 2000 se necesita ese certificado de no afección de la Administración que tenga las competencias sobre los espacios protegidos, en este caso, de la Junta. Las obras que quiere acometer Gas Natural entran dentro de dos áreas declaradas Lugar de Importancia Comunitaria y otras tantas que son Zona de Especial Protección para las Aves. El proyecto también se adentra en los límites del Espacio Natural Doñana, declarado Humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera y Parque Natural.

Durante la tramitación de la declaración de impacto, el departamento de Arias Cañete requirió en varias ocasiones a la Junta un pronunciamiento tajante sobre la afección a estas zonas. El último requerimiento ministerial es del 30 de mayo de 2012. La Junta respondió, cinco meses después, que el certificado de no afección a la Red Natura 2000 se emitiría "una vez haya finalizado el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental del proyecto", con lo que la Administración andaluza se guardó esta última carta que puede bloquear los planes de Gas Natural.

Coincidiendo con los requerimientos del ministerio, este departamento elaboró un real decreto que modificaba la Ley de Patrimonio Natural, la de Aguas, la de Residuos y la de Evaluación Ambiental. En un primer borrador, el Estado quitaba a las comunidades las competencias para vetar obras en espacios de la Red Natura 2000. Es decir, dejaba en manos del ministerio la emisión del certificado de no afección. Finalmente, Arias Cañete dio marcha atrás y eliminó esta modificación.