Valderas da por hecho que la Junta impedirá el gasoducto de Doñana

Hace 23 años, ecologistas, científicos, artistas e intelectuales firmaron el manifiesto Salvemos Doñana en contra de la construcción de 32.000 plazas hoteleras en unos terrenos de 7,8 kilómetros próximos al espacio protegido. Del manifiesto surgió una coordinadora integrada por un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales contrarias al proyecto turístico Costa Doñana. Este fue uno de los mayores problemas al que se enfrentó Manuel Chaves en su primer año como presidente de la Junta de Andalucía y que resolvió de una manera muy chavesiana: convocando un comité internacional de expertos, con el aval de la Unión Europea, que sirvió no solo para enfriar una polémica con ramificaciones en el terreno del tráfico de influencias, sino también para redactar un plan de desarrollo donde se apostó por la sostenibilidad de la comarca. Ese dictamen sigue aún vigente.

El coordinador de Izquierda Unida y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, recordó este viernes, como de pasada, que Izquierda Unida agitará de nuevo Salvemos Doñana —que también se movilizó contra otros proyectos urbanísticos—, si el Gobierno central autoriza a Gas Natural la construcción de un nuevo gasoducto de unos 20 kilómetros en el subsuelo de Doñana y la utilización del yacimiento como almacén natural del gas.

IU ya está en contacto con las principales organizaciones conservacionistas, muy alerta ante lo que pueda ocurrir. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido una reunión con Valderas en su condición de vicepresidente andaluz, aunque antes quieren entrevistarse con el presidente andaluz, José Antonio Griñán. Los ecologistas aseguran en una carta remitida el pasado jueves que Griñán será el que “tendrá la última palabra sobre la aprobación del proyecto”, aunque el propio presidente andaluz dijo ayer, de manera sorpresiva, que el informe de impacto ambiental es “preceptivo, pero no vinculante”, aunque sí lo es.

Sin decirlo expresamente, Valderas dio por hecho que el Gobierno andaluz, del que IU es socio de coalición, no dará su visto bueno a esta iniciativa cuando tenga que emitir el informe medioambiental. “Es difícil que este tema pueda ser aceptado” por el Ejecutivo andaluz y también por el Gobierno central, dijo Valderas, quien esgrimió el acuerdo de gobierno con los socialistas para recordar que el gaseoducto “no cabe” en la acción de la coalición. “¿Hay que entender que IU impedirá que la Junta emita un informe medioambiental favorable?”, se le preguntó a Valderas y su respuesta fue: “Entienden bien”.

IU ha trasladado a los socialistas que todo lo relacionado con Doñana forma parte de su ADN político y que no está dispuesta a perder ni una pestaña de esta seña de identidad. Pero Valderas también sabe que como vicepresidente de la Junta no puede anticipar lo que aconsejará el informe de impacto, un documento de carácter técnico, sin incurrir como poco en frivolidad.

Sí sabe de este riesgo, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, una persona muy garantista, curtida en los despachos de la Comisión Europea que manifestó una posición muy prudente a la hora de anticipar una posición de la Junta sobre el gasoducto. “Estará estrictamente motivada”, dijo días atrás, “por fundamentos jurídicos, técnicos y medioambientales y no por intereses políticos o partidarios”.

Los socialistas andaluces saben que este asunto puede provocarle más de un dolor de cabeza con sus socios de IU y tienen asumido que de la Junta no saldrá ningún informe favorable a la consolidación del proyecto gasístico. Pero todavía no es el momento de decirlo ya que Medio Ambiente dispone de tiempo suficiente para emitir su opinión sin presiones añadidas.

Griñán afirmó que la Administración andaluza tendrá en cuenta “los intereses del entorno de Doñana en lo que se refiere a su conservación”, informa Europa Press.