Imputado el expresidente de la patronal del metal por malversar 310.000 euros

Durante los seis años que presidió la patronal del metal, una de las más potentes de Cataluña, Antoni Marsal Fábregas no se cansó de pedir a la Administración que, pese a los recortes en servicios públicos, debía mantener las ayudas a las empresas. Aquel mantra adquiere ahora un nuevo significado: un juzgado de Barcelona ha imputado a Marsal por malversar 310.519 euros de fondos del Estado y la Generalitat destinados a la organización de cursos de formación por parte de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), que representa a 18.500 empresas catalanas.

En 2007, un año después de alcanzar la presidencia de la UPM, la patronal tenía unas reservas de 595.000 euros. Cuatro años más tarde, estaba en números rojos. Los empleados, que vieron peligrar sus puestos de trabajo, detectaron irregularidades en la gestión. Su presión forzó a los actuales gestores de la UPM a investigar los hechos mediante una auditoría externa y a querellarse contra Marsal y el que fue su número dos, Ángel Hermosilla.

Un juzgado ha admitido a trámite la querella y ha llamado a declarar como imputados a ambos por los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsedad documental. El expresidente, que se vio obligado a dimitir el pasado verano cuando los trabajadores destaparon el escándalo, está imputado por saquear fondos de la UPM a través de empresas instrumentales que utilizaba para facturar grandes sumas de dinero a la patronal por servicios que jamás se prestaron.

La juez mantiene abiertas tres líneas de investigación. La primera de ellas es la más relevante y afecta a la presunta malversación de los fondos que las Administraciones aportan a la UPM para gestionar cursos de formación a asociados. La patronal no imparte directamente los cursos, sino que contrata a proveedores especializados según la temática. El presidente y el director general, recoge la querella, son quienes deciden el “reparto económico” de esas ayudas.

El dinero desviado de la UPM asciende a 745.395 euros, según la querella

Entre 2007 y 2009, la empresa MCR —de la que Marsal es administrador a través de otra sociedad interpuesta— facturó 310.519 euros a la UPM de las partidas provenientes de fondos públicos. “No existe evidencia alguna” de que la empresa “haya prestado ningún servicio” a la entidad “en relación con expedientes de formación”. En esa época, el 70% de los ingresos declarados por MCR provinieron de su relación comercial —supuestamente fraudulenta— con la organización patronal.

Para camuflar el presunto desfalco, Marsal giró las facturas falsas en el paquete económico de las subvenciones destinado a gastos de gestión. Ese paquete supone el 20% de los fondos públicos recibidos. El personal interno de las asociaciones debe justificar los gastos, que paga directamente la propia UPM. Y su presidente, relata la querella, es quien los autoriza. Marsal “entregó personalmente” a la directora de formación las facturas y le dio el “mandato expreso” de incluirlas como “facturas de gestión”. Con el resto del dinero (el 80%) la argucia resultaba más difícil de ejecutar, ya que deben justificarse los gastos en aulas, profesores o material didáctico.

Otra empresa controlada por Marsal, Cuatro 21, emitió entre 2010 y 2012 facturas por importe de 190.098 euros. Las facturas se emitieron en concepto de “anticipo”. Algunas se pagaron a través del Banco de España porque “no había fondos disponibles en las cuentas de la UPM”. En este caso, las facturas no se vincularon a subvenciones, pero los trabajos son igualmente ficticios. Existe una tercera vía que apunta a unos cobros que Hermosilla pasó a la UPM a nombre de su mujer, que ascienden a 20.000 euros. Esos supuestos servicios, siempre según la querella, tampoco se prestaron. En total, la cantidad supuestamente desviada de la organización asciende a 745.395 euros.

La querella atribuye la mayor parte de actos ilícitos a Marsal, aunque señala que el exdirector general “autorizaba” los pagos. Ambos “aprovecharon su posición dominante” en la UPM para “presentar facturas falsas” y “lucrarse con ellas”. Ni el comité ejecutivo ni la junta de gobierno conocieron esas prácticas. Los exresponsables actuaron “de mala fe” y con una “deslealtad consciente”. El desfalco que perpetraron a costa del dinero para formación, concluye la querella, “puso en juego la supervivencia de las familias de los trabajadores” y de la propia entidad.