La fiscalía investiga a la unidad de transexuales de Málaga por trato vejatorio

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Andalucía ha abierto una investigación contra la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (Utig) del Hospital Carlos Haya de Málaga por la posible vulneración de derechos fundamentales de los pacientes. La decisión de la fiscalía atiende a una denuncia presentada por la Asociación de Transexuales de Andalucía (Ata), que considera “vejatorias” alguna de las preguntas a las que son sometidos los pacientes para evaluar si son candidatos aptos a recibir tratamiento hormonal o quirúrgico en esta unidad.

El colectivo transexual, representado por Ata, lleva años denunciando que los test de evaluación previa que hacen a todos los pacientes que llegan a la Utig del Carlos Haya contiene algunas preguntas íntimas que, en su opinión, poco o nada tienen que ver con la identidad de género de los usuarios. Pero para llevarlo a la fiscalía necesitaba testimonios de afectados que se prestaran a contar su caso. Ahora han conseguido una veintena y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha puesto a cargo del caso a la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Andalucía, Flor Torres.

Carolina Ferrer es una de las pacientes que ha aportado su experiencia a la denuncia. “Me llegaron a decir que por qué no me maquillaba, como si todas las mujeres tuvieran que maquillarse. O que por qué llevaba pantalón en vez de falda o vestido”, contó ayer Ferrer. La denuncia se centra, sobre todo, en las preguntas incluidas en los test que le hacen a todos los pacientes en su primera visita a la Utig. Entre los ejemplos aportados por los usuarios a la fiscalía hay cuestiones sobre las preferencias sexuales, las relaciones de pareja e incluso las prácticas sexuales de los padres: “Puntúe del 0 al 5 (siendo el 5 lo máximo y el 0 el mínimo) la frecuencia con que sus padres mantienen relaciones”, reza una de las cuestiones, según el testimonio prestado por un usuario. Y la siguiente: “Puntúe del 5 al 0 la satisfacción que usted cree que obtienen sus padres (de estas relaciones).

“Entendemos que estas preguntas en nada sirven para evaluar si una persona es transexual”, sostiene la presidenta de Ata, Mar Cambrollé. “Lo que se desprende es que tienen un concepto patológico de los transexuales. Nos consideran trastornados patológicos”, asegura.

La fiscalía se reunió el pasado viernes con la gerencia del hospital Carlos haya y los responsables de la unidad de trastorno de identidad de género. En un escrito dirigido a la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero (PSOE), la fiscal considera que la denuncia del colectivo transexual tiene “amparo legal” en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que prohíben la discriminación por razón de sexo, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La fiscal aboga por articular una “coordinación institucional” entre todas las partes para “revisar la praxis médica” de la Utig y estudiar si la actual “vulnera derechos fundamentales”.

La fiscalía extiende su investigación a las otros dos aspectos denunciados por los transexuales: la posibilidad de realizar pruebas médicas en las provincias de origen del paciente (ahora los usuarios deben desplazarse al Carlos Haya para ser sometidos a cualquier prueba o consulta) y la demora en la atención. El protocolo de funcionamiento de esta unidad aprobado por la Juta marca un máximo de seis meses desde que el paciente llega a la consulta hasta que empieza a recibir tratamiento hormonal. Pero el colectivo de transexuales asegura que este plazo raras veces baja del año y medio.