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Suspenso total en atención a la dependencia y a la cola en España

El caso de Valencia “es un destrozo a la ley”, señala la Asociación de Gerentes

El escenario general de la atención a las personas con dependencia es desalentador. En toda España, el Gobierno ha reducido en cuatro años a la mitad el dinero que destina a atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Pero dentro de las limitaciones financieras existentes, de las que apenas se libra alguna autonomía, la situación de la Comunidad Valenciana es especialmente negativa. Una circunstancia que se repite y que lleva camino de consolidarse, a la vista de los últimos datos.

Un informe que analiza la aplicación de la ley en todas las comunidades autónomas sitúa a la valenciana a la cola de la clasificación, con una puntuación de un 0,8 sobre 10. El documento, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, destaca el esfuerzo de algunas regiones en atender las necesidades de las personas dependientes. En este grupo sitúa a autonomías de distinto signo político como Castilla y León (PP), el País Vasco (PNV) o Andalucía (PSOE). Respectivamente, la calificación que obtienen es de un 9,2; un 7,5 y un 7,1. Esta nota refleja una valoración elaborada a partir de distintas variables. Entre ellas, los porcentajes relativos a los beneficiarios de la ley respecto a la población total, el grado de la extensión de los dictámenes existentes el incremento del número de personas atendidas en el último año o las buenas prácticas detectadas en una región concreta.

En el otro extremo, destaca el “empecinamiento de otras comunidades en no aplicar las prestaciones y servicios que esta ley contempla, poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica”. En esta selección de autonomías “con calificación muy deficiente” se encuentra hundida la Comunidad Valenciana, de forma destacada, con su exigua nota de 0,8. Por delante está Canarias (2,1); Ceuta y Melilla (cada una con una nota de 2,1) y Baleares (2,5).

En el caso de la Comunidad Valenciana, en cualquiera de las distintas clasificaciones parciales, hay que buscarla siempre en los últimos puestos. El presidente de la asociación responsable del informe, José Manuel Ramírez, comentó en el acto de presentación del documento que lo que se está haciendo en el territorio valenciano “es un destrozo de la ley”.

Mientras que en España la media de beneficiarios que cuentan con alguno de los servicios que reconoce la ley es de 1,6% del total de la población, en la Comunidad Valenciana la tasa cae al 0,84%. Nada que ver con el 2,43 de Castilla y León o el 2,38 de Cantabria. Tampoco sale mucho mejor parada en lo que se refiere a gasto público por habitante. Frente a unas cifras de 167,5 euros en La Rioja o 162 euros en Cantabria, la Comunidad Valenciana destina 69,1 euros. Por debajo solo se encuentra Baleares (59), Ceuta y Melilla (57,5) y Canarias (38,8).

Más allá de los esfuerzos de algunas autonomías, como Navarra y Galicia, a nivel general, continúa registrándose “una tendencia muy negativa en la implantación de la ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sino en el retroceso en los principales indicadores”, según refleja el documento. Por ello, el estudio alerta del “alarmante el ritmo de desmantelamiento” que presentan la mayor parte de los indicadores en determinadas autonomías.

Malos datos

La Comunidad Valenciana ocupa el último lugar de toda España en la aplicación de la ley de dependencia, según una evaluación elaborada por la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales.

La nota de la Generalitat en el desarrollo de la atención a las personas que no pueden valerse por si mismas es de un 0,8. La media española es de 4,72. En el rango más alto, destaca el sobresaliente de Castilla y León, que ha sacado un 9,2.

El informe también repasa la evolución de la financiación de la dependencia en los últimos años, y el resultado es especialmente negativo en lo que respecta a la financiación estatal. Pese a que el sistema nació para ser cofinanciado entre autonomías y Gobierno central, el Ministerio de Sanidad y Política Social apenas aporta actualmente el 21% y ha reducido a la mitad su aportación en los últimos cuatro años.

Las comunidades con calificación muy deficiente son la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; de acuerdo con los datos del trabajo.