Estepona se desprende de su patrimonio municipal para obtener liquidez

Casas de maestros, parcelas para colegios, locales, plazas de garaje... El Ayuntamiento de Estepona (Málaga), gobernado por el PP, ha comenzado a vender su patrimonio en un intento de sanear sus doloridas arcas. Su alcalde, José María García Urbano, ha enajenado ocho viviendas en las que residían maestros de la localidad por un precio simbólico y ha sacado a la venta plazas de garaje y locales. Las viviendas, con precios que oscilan entre los 41.000 y los 47.000, le han reportado 350.000 euros. Los aparcamientos se ofertan por unos 12.000 euros.

Con estos movimientos, el equipo de gobierno prevé obtener 97 millones vendiendo patrimonio municipal en los próximos diez años. En 2012 se puso en marcha este plan, por el que tendrían que conseguir una media de casi diez millones al año, y cuyo fin último es cumplir con los recortes con los que opta a un crédito de 63 millones impulsado por el gobierno que les permitirá cancelar sus deudas con proveedores.

La oposición socialista critica que se esté subastando el patrimonio municipal en una época en la que “todo está infravalorado”. El Ayuntamiento de Estepona, especialmente crítico con la etapa de gobierno del socialista David Valadez, achaca a la gestión del PSOE su falta de recursos.

Las bajas como patrimonio municipal de las ocho viviendas destinadas a maestros ya constan en la rectificación del inventario de bienes patrimoniales del año 2012. El equipo de gobierno sacó a subasta 15 viviendas situadas en el colegio Santo Tomás de Aquino, aunque no ha conseguido venderlas todas. Los ocupantes de las viviendas que no han sido adjudicadas recibieron una orden de desalojo. Algunos de los maestros aseguran que, pese a tener nómina, no habían podido conseguir crédito de los bancos.

Los socialistas han reclamado que se revoque el decreto en el caso de las familias que no tengan otra vivienda, ni recursos para adquirirla. “García Urbano está demostrando su nula sensibilidad. Todo se justifica en hacer caja a costa de lo que sea”, considera el edil socialista Fernando Centeno. “Mientras en toda España se está pidiendo a voces que sean los bancos los que paralicen los desahucios en Estepona tenemos un equipo de gobierno que supera, con creces, a las entidades bancarias en su afán recaudatorio”, añade.

El equipo de gobierno defiende que ofrecieron a todos la posibilidad de adquirir los inmuebles a “precios muy inferiores” a la media del mercado. Los docentes pagaban unos tres euros al mes por residir en las viviendas, según fuentes municipales.

Las seis plazas de aparcamiento, situadas en el subsuelo del paseo marítimo, salieron a la venta tras un decreto firmado el pasado 14 de enero y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Los socialistas creen que estos aparcamientos, ofertados por 12.495 euros cada una, deberían ponerse a disposición de los vecinos afectados “por la supresión de aparcamientos públicos en Huerta Nueva, el casco histórico o el Cid”.

El Consistorio esteponero también prepara la enajenación de los locales municipales de Puertosol en los que en estos momentos se encuentran las dependencias del Patronato Provincial de Recaudación, según fuentes socialistas.

Durante su mandato, García Urbano también ha cedido dos parcelas municipales durante 75 años a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria. Estos terrenos, que suman 15.000 metros cuadrados, están ubicados en Arroyo Enmedio. En ellos se construye el colegio concertado Juan XXIII, cuyas instalaciones prevén acoger a unos 800 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

La mayoría absoluta del PP también ha servido para recalificar una finca perteneciente a la empresa Proyectos Kroll, vinculada a imputados en el caso Astapa, la mayor trama de corrupción de la localidad. Para sacarlo adelante se modificó en verano de 2011 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La catalogación urbanística de la finca, situada en el paraje de Lomas del Cerrillar, ha pasado de suelo urbanizable sectorizado a equipamiento educativo. La empresa promotora plantea la construcción de un colegio privado bilingüe con internado.

Proyectos Kroll está representada en el expediente por Vicente Delgado, un arquitecto de Estepona imputado en el caso Astapa por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Delgado, que fue detenido en junio de 2008, cuando se desató la operación policial, se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El arquitecto municipal que dio su informe favorable para la aprobación inicial de la recalificación es Ignacio de la Hoz, también imputado en el caso Astapa por fraude y malversación y también en libertad bajo fianza, en este caso de 50.000 euros.

En nombre del plan de pago a proveedores, el pasado 7 de junio, el Consistorio notificó a la Autoridad Laboral el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con el que pretendían ahorrar unos seis millones de euros. La medida ha afectado a 176 trabajadores.

El portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, asegura, citando un informe de la intervención municipal, que el despido de la plantilla municipal ha supuesto un ahorro de 15 millones para 2013, pero que, al mismo tiempo, el gasto de personal externalizado se ha elevado 15,8 millones en el mismo periodo.

El equipo de gobierno también ha puesto en marcha la privatización de servicios municipales como la limpieza de playas, zonas verdes y dependencias municipales. “Los únicos que han salido ganando con el gobierno de García Urbano al frente del ayuntamiento han sido las empresas privadas que se están haciendo con la gestión del consistorio”, considera Valadez.