Interior accede a negociar el convenio que garantice la atención sanitaria de presos

Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha dado el primer paso para solucionar el conflicto que mantiene con la Junta y que ha dejado sin programa de atención sanitaria a los 16.000 reclusos que cumplen condena en las cárceles andaluzas. Fuentes de la Administración central y de la autonómica han confirmado que Prisiones se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud y Bienestar Social para retomar las conversaciones con la intención de firmar un nuevo convenio y así coordinar la atención sanitaria a los presos.

La sanidad de los reclusos depende de Instituciones Penitenciarias, que tiene en las cárceles un equipo médico con el que presta un servicio equivalente a la atención primaria, pero que es insuficiente para garantizar la atención especializada. Por eso, en 1995, el Gobierno y la Junta firmaron un convenio para garantizar esta atención y organizar programas específicos para los reclusos. Mediante este acuerdo se ha puesto en marcha, por ejemplo, la recogida de muestras para análisis sin necesidad de trasladar a los presos, el agrupamiento para el mismo día de las consultas de varios internos de un mismo centro, reservas de camas en los hospitales, programas de salud mental y campañas de medicina.

El convenio se ha ido renovando año a año mediante una adenda. La de 2012 nunca se llegó a firmar, aunque Salud sostiene que la renovación de estos acuerdos se da por hecho si no hay aviso de ninguna de las partes, por lo que siguió prestando durante todo el año pasado la atención sanitaria a los presos. Pero cuando a final de año reclamó el pago, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias contestó que el acuerdo no está vigente y que para cobrar los servicios de 2012 Salud debía facturar una a una cada atención recibida por cada recluso, una tarea que el departamento que dirige María Jesús Montero considera "imposible".

Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, ha contactado con la Consejería de Salud para "agilizar la firma de un nuevo convenio". Según fuentes del SAS, a principios de la semana pasada un responsable de Prisiones telefoneó a la consejería para comunicar que se iba a empezar a preparar la renovación del convenio que garantice la atención sanitaria en 2013. Interior se mostró también dispuesto a abonar la factura correspondiente a 2012, pero no explicó cómo ni en qué cuantía. La última adenda firmada entre las dos Administraciones cifró en 6,1 millones de euros la aportación del Estado (338,18 euros por cada uno de los 15.732 reclusos que albergaban las cárceles andaluzas).

Mientras el convenio no se renueve, la Junta da por suspendidos los programas específicos para los presos, aunque asegura que seguirán recibiendo atención en los centros del SAS. Ante esta situación, la Oficina del defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio y ha remitido un escrito a las dos Admnistraciones preguntando por el acuerdo e instando a que se retome. Fuentes de la oficina que dirige José Chamizo advierten de que Instituciones Penitenciarias es por ley el único responsable de la atención médica a los presos, por lo que sin convenio, el SAS no tiene por qué atender a los reclusos. Aunque el SAS asegura que seguirá haciéndolo, el defensor teme que, en la práctica, los internos tengan más dificultades para recibir esa atención.