2013: el año europeo de los derechos de los ciudadanos

La Unión Europea ha proclamado este año 2013 como “el año de los derechos de los ciudadanos” para, entre otras acciones, impulsar una sociedad civil activa, compartir experiencias de comunidades locales, coordinar medidas de creación de empleo, luchar juntos contra las desigualdades sociales y garantizar a todos unos derechos sociales y una vida digna.

Aquí, entre nosotros, en el angustioso tiempo de la profunda crisis multidimensional que estamos viviendo, creo que conviene en estos elementales apuntes recordar y subrayar, a nuestros dirigentes políticos de todos los niveles, su obligación de “asegurar a todos una digna calidad de vida” (preámbulo de la Constitución española) en un programa de actuación basado en promover las condiciones para la libertad e igualdad, reales y efectivas, de todos, remover los obstáculos que lo impidan o dificulten y facilitar la participación de los ciudadanos (art.9.2 de la misma Constitución).

Anhelamos vivir de verdad en un auténtico Estado Social, superador del Estado liberal, garante de los derechos sociales de todos. El Estado, en todas sus estructuras (locales, autonómicas y central), es una institución al servicio de la felicidad de los ciudadanos pues este es el fin de la política. La felicidad podemos identificarla con el bienestar o, lo que es lo mismo, con el bien común, y en su desarrollo son imprescindibles ciertos bienes prioritarios y básicos (la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los recursos económicos, la cultura,...) o disponer de capacidades humanas básicas (emociones, sentidos, imaginación, pensamiento, relaciones, participación,...) y todo ello sin discriminación alguna en un tratamiento conjunto de la justicia y la felicidad.

Como nos recuerda M. I. Lorca La felicidad no es algo reductible al ámbito de lo privado, también ha de ser un asunto de interés público, donde el ejercicio del poder político sólo se justifica y legitima en orden a la búsqueda del bien común.

Pero en esta tarea esencial de los poderes públicos es imprescindible avanzar en la coordinación institucional, en auténticos gobiernos cooperativos. En todas las áreas de trabajo (educación, sanidad, empleo, servicios sociales,...) resulta fundamental que Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autonómicos trabajen juntos sin compartimentos estancos ni exclusivismos indeseables.

Es, sigue siendo, la hora de los derechos de los ciudadanos, la hora de luchar contra el desempleo, la pobreza, la exclusión social, el abandono escolar, el alojamiento inadecuado, y tantas graves situaciones de desamparo y vulnerabilidad que no debemos olvidar. Quizá sea también la hora de reinventar el trabajo social como pilar esencial del bienestar.

Este año europeo de los derechos de los ciudadanos debe ser una nueva ocasión para reivindicar nuestros derechos civiles, políticos y sociales, tanto en el ámbito europeo como en el más próximo e inmediato de nuestra comunidad local. Y junto a la reivindicación de nuestros derechos, de nuestro derecho al bienestar, a vivir con dignidad, está nuestro deber ciudadano de participar, de actuar, de sentirnos responsables de nuestra ciudad y de nuestro pueblo, colocando siempre la solidaridad en nuestras vidas y en el corazón de las políticas públicas.