Caos en el Ayuntamiento de la capital de Galicia

El caso nace con la detención en vísperas electorales de Ángel Espadas, candidato del PP y hombre de confianza del anterior alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que en marzo de 2011 fue sorprendido de madrugada dormido y ebrio al volante en un semáforo a las afueras de la ciudad. El arresto del hombre fuerte del aparato del PP local provocó un sonora escandalera en el partido, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo exigió el cese inmediato de Espadas que desapareció de las listas del PP. Llegaron las elecciones de mayo, Conde Roa se hizo con la alcaldía y pasados unos meses decidió rehabilitar a Espadas, que había aceptado la condena en un juicio rápido y lo designó jefe de gabinete en el Ayuntamiento. Por las mismas fechas el alcalde anunció también el fichaje de la teniente de la Guardia Civil María del Mar Hinojosa, a la que creó un cargo a su medida: jefa de seguridad del Ayuntamiento.

 Los nuevos tiempos en el Pazo de Raxoi supusieron también la degradación del agente que cubría las sustituciones del jefe de policía, a quien el PP responsabilizó del arresto de su candidato y de negarse a retirar la denuncia, algo que, según pudo saber EL PAÍS, habían intentado sin éxito los dirigentes populares cuando estalló el caso Espadas. Fuentes del juzgado han confirmado que ese es el motivo de la denuncia que volverá a llevar al juzgado a Conde Roa, a su sucesor, Ángel Currás —también imputado en la Operación Pokemon—, al concejal responsable de la policía, Albino Sánchez Aldrey, y a la flamante jefa de seguridad de la institución. La nueva imputación de Currás agrava la crisis del Ayuntamiento de la capital de Galicia, sumido en el caos desde que el caso Pokémon derivase en una guerra interna en el gobierno local.

El PP intentó parar el atestado contra un edil acusado de alcoholemia

El funcionario alega en su querella una persecución por parte de sus superiores tanto durante el año que Conde Roa se mantuvo en el poder, hasta que tuvo que dimitir cuando se destapó un fraude a Hacienda de 291.000 euros, como en el mandato de Currás. Incluso relata una supuesta amenaza de despeido y graves insultos que Conde Roa profirió contra él en una reunión con otros trabajadores de la institución. El relato del policía local sostiene que, desde la llegada del PP al poder, las sustituciones durante las vacaciones o las bajas por enfermedad del jefe de policía local las asumen funcionarios de menor rango que él.

El cargo policial alega que fue degradado como represalia

Eso contraviene la Lei 4/2007 de Coordinación de Policías Locales, que en su artículo 27 establece que el nombramiento del jefe de polícia local “debe hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad previa convocatoria pública en que podrán participar funcionarios de carretra que tengan la máxima categoría o, si no la hay, de la inmediata inferior”. Dicha norma señala además que las sustituciones de este las debe asumir “otro funcionario del cuerpo de la misma categoría o, si no lo hay, de la inmediata inferior, atendiendo a los criterios de mérito y capacidad”. Eso es lo que, según fuentes del juzgado, alegó el denunciante en su querella para atribuir prevaricación a los dos últimos alcaldes de Santiago, y al concejal y la jefa de seguridad. En su auto, la responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, oficia a la policía para que averigüe las identidades que están detrás de varios correos electrónicos enviados al Ayuntamiento denunciando supuestas conductas irregulares del agente degradado. La querella sostiene que esas presuntas denuncias ciudadanas propiciaron una serie de investigaciones contra él que no tenían ninguna motivación.