Residuos en Gipuzkoa: sensatez y consenso

Considero que las bases para consensuar una solución política al problema de los residuos podrían ser las siguientes.

En primer lugar, olvidarse de la incineración. Las tecnologías de incineración de residuos con generación de energía supusieron en su momento —hace 15 o 20 años— un paso positivo frente a los vertederos en masa. Éstos eran auténticos desastres ambientales con sus emisiones de metano, lixiviados, suciedad, olores, plagas, etcétera. Las incineradoras equipadas de sistemas de depuración de gases presentaban un balance ambiental netamente positivo frente a aquellos vertederos inmundos. Eran tecnologías que poco tenían que ver con las viejas incineradoras de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX, cuyas emisiones de dioxinas y furanos habían dado pie a numerosas movilizaciones sociales en Europa y Estados Unidos.

Ahora bien, las incineradoras son tecnologías de tratamiento final que requieren elevadas inversiones de capital (entre 250 y 300 millones), solamente al alcance de grandes grupos empresariales. El riesgo inversor queda eliminado mediante contratos firmados con la Administración que blindan los retornos al capital. La clave es asegurar un flujo estable y preferiblemente creciente de residuos con los precios ya tasados, de manera que los beneficios queden a salvo de contingencias en la generación y gestión de los residuos. En consecuencia, los sistemas de incineración introducen una gran rigidez en el sistema de gestión impidiendo que este progrese hacia cotas más ambiciosas de prevención, reutilización y reciclaje. Una vez alcanzado un nivel de reciclaje del 30-35% la incineración se convierte en un obstáculo objetivo para seguir progresando.

En España existen 10 incineradoras que gestionan alrededor del 11% de los residuos urbanos. Recientemente, se han retirado diversos proyectos ante la elevada inversión requerida y la menor generación de residuos como efecto de la crisis económica. Un caso cercano es Navarra. La incineradora era la principal apuesta del plan de gestión 2010-2020. Han sido los socialistas del Gobierno foral quienes han tomado la decisión de retirar esa opción a la luz de su elevado coste de capital, su no idoneidad ambiental y la fuerte oposición social.

Las 70.000 firmas contra el 'puerta a puerta' son un mensaje claro de que la imposición no va a funcionar

En segundo lugar, renunciar a la imposición del sistema de recogida puerta a puerta. Como era de prever, los intentos de aplicar ese modelo de recogida en aquellos municipios en los que Bildu no cuenta con una amplia mayoría social ha generado una movilización ciudadana en contra que la ha hecho en la práctica inviable. Ha sido una temeridad que un movimiento político que durante décadas se ha caracterizado por sus tintes autoritarios haya tratado de imponerlo en los pueblos de Gipuzkoa en los que no dispone de mayoría social. Las 70.000 firmas recogidas en contra del sistema son un mensaje claro y directo de que la vía de la imposición no va a funcionar.

En tercer lugar, apostar por una ambiciosa recogida selectiva de la fracción orgánica mediante la implantación generalizada del quinto contenedor. Personalmente, considero acertada la opción preferente del compostaje individual y comunitario en los pueblos rurales (menos de mil habitantes), si existe una mayoría social que lo apoya. En el resto del territorio histórico, la apuesta habría de ser por una recogida selectiva de la materia orgánica mediante contenedor que tras un proceso de aprendizaje, implantación y desarrollo de entre uno o dos años de duración, pasase a ser obligatorio por medio de las correspondientes ordenanzas municipales. La fracción orgánica representa entre el 40 y el 45% de los residuos domésticos, por lo que su recogida selectiva es decisiva para alcanzar los objetivos de reciclaje que ha fijado la Unión Europea a partir de su Directiva marco 2008/ 98/ CE sobre residuos.

En cuarto lugar, considero acertado el despliegue descentralizado de las infraestructuras de gestión y tratamiento, en lugar de concentrarlas en una mancomunidad. Se adecúa mejor a la idiosincrasia de Gipuzkoa, distribuye las inversiones y la generación de empleo y favorece una proximidad que contribuye a hacer más consciente a las personas de la importancia de minimizar y gestionar los residuos que generan.

Finalmente, creo que se habría de realizar un esfuerzo especial por introducir criterios de eficiencia energética y desarrollo de las energías renovables en la gestión de los residuos de Gipuzkoa. De esta manera, la implantación del sistema de gestión generaría importantes efectos sinérgicos positivos con ese otro gran problema ambiental que es el consumo energético y el cambio climático.

Es la hora de la sensatez y el consenso.

Antxon Olabe es economista ambiental