Cataluña lleva al Constitucional el decreto Wert aprobado en abril

Cataluña ha decidido abrir un nuevo frente de conflicto políticos en las salas del Tribunal Constitucional. Después de que la semana pasada la Generalitat aprobara recurrir el decreto de regulación de la Formación Profesional dual, ayer hizo lo mismo con el Real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que impulsó los primeros recortes en educación del Gobierno con medidas como el aumento de las ratios de alumnos por aula, el incremento de las horas lectivas de los profesores y el retraso en el nombramiento de maestros sustitutos.

El gobierno catalán, que aduce invasión de competencias de la normativa estatal, ha apurado hasta el último momento para presentar el recurso al Constitucional (el plazo finalizaba el próximo lunes). La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, justificó esta dilación en el hecho que primero se querían “agotar las medidas conciliadoras” con el Estado. Más precoces fueron País Vasco, Navarra, Andalucía, y Asturias, que ya interpusieron sendos recursos en la misma línea y que el TC ya ha admitido a trámite.

Como aval a este recurso, la Generalitat cuenta desde junio con un dictamen de su órgano jurídico, el Consejo de Garantías Estatutarias, que establece que varios artículos de la normativa estatal contradicen al reparto competencial previsto por la Constitución y el Estatut. Concretamente, se impugnan los artículos 3, que aumentó la jornada lectiva hasta las 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria, (uno más que hasta entonces en Cataluña) y el 4, que establece que no se puede sustituir a los profesores que estén de baja hasta pasados 10 días lectivos. Según el informe de este órgano consultivo, es la Generalitat quien tiene las competencias en función pública y el Estado no puede legislar con tanto detalle en estos ámbitos.

También queda recurrido el artículo 6, que afecta a las universidades, concretamente, el apartado 1 en relación a los requisitos de creación y mantenimiento de centros y estructuras universitarias; el apartado tercero sobre la cooperación entre universidades; el 4, sobre el régimen de dedicación del personal docente investigador (PDI), y el 7, sobre la financiación de becas y ayudas.

El recurso de la Generalitat tiene un marcado acento político, ya que Rigau apenas ha criticado el contenido de los recortes. Algunos, como el aumento de la jornada al profesorado, ya los había impulsado un año antes que el Gobierno. También veladas han sido las críticas de Rigau respecto al resto de medidas, que han permitido a la Generalitat poder recortar la plantilla de profesorado en 3.000 personas, solo este curso. Y todo para poder ajustar los balances negativos del gobierno catalán. En dos años, la Generalitat ha recortado 627 millones el presupuesto en educación no universitaria (un 12%), a lo que se sumó 260 millones más a petición del Estado.