La Junta elimina 350.000 expedientes judiciales para desatascar los archivos

¿Dónde va el ingente papel generado cada día en los juzgados andaluces? Al archivo. Y esto supone acumular miles de folios que cada mañana engrosan las estanterías para responder a posibles reclamaciones y guardar fe de los procesos. Ahora la Junta aliviará un tanto esta acumulación de papel, después de asegurarse que carecen de valor histórico, y destruirá 350.000 procedimientos judiciales archivados durante los últimos 67 años. Un dato da idea de la cantidad de documentos que se acumulan: si todas las cajas archivadas se alinearan, sumarían hasta 300 kilómetros en línea recta.

La denominada Junta de Expurgo trabaja en la actualidad sobre 2,2 millones de casos judiciales, diligencias previas y juicios de faltas. Este organismo, creado hace tres años, se ha reunido varias veces y su primera decisión de calado tendrá su fruto en las próximas semanas. Eso sí, después de dar un plazo de dos meses a los interesados por si quieren reclamar documentos, como diligencias previas y relativos a juicios de faltas, antes de ser destruidos. “Hasta que no se imponga el expediente digital, todo está en papel”, resume el secretario general de Justicia, Pedro Izquierdo.

La destrucción está ligada a la modernización y digitalización de la Justicia, una asignatura pendiente que es todo un mantra para los responsables de la Junta, del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y de la Fiscalía Superior. Y la sustitución del papel se impone pero muy poco a poco, en parte porque se trata de un servicio público en el que es necesario comunicar notificaciones por escrito.

A lo largo de los años los jueces han ordenado la destrucción de ciertos expedientes de sus juzgados. Pero esta es la primera vez que se consuma una destrucción masiva. Y para ello, la criba de documentos es fundamental. Se trata de identificar entre miles de páginas los casos que tienen un valor histórico por su relevancia. Denuncias y testificales de casos judiciales en el Franquismo y la Transición que describen las épocas con gran precisión. Y su archivo y rescate es necesario, aunque claro está, con cierta medida. En ocasiones se han guardado por muestreo ejemplos de series con numerosos casos, al elegir años que acaben en 3 o en 5. “El criterio lo proponen técnicos, historiadores, jueces y abogados”, explica David Torres, archivero de la Real Chancillería, sede del TSJA, y donde reside la memoria de gran parte de la historia judicial andaluza. “No toda la documentación es susceptible de ser conservada (...) La destrucción es irreversible y los documentos son únicos, por eso se toma todo tipo de cautelas”, aclara Torres.

La actual destrucción de documentos es en parte consecuencia del Real Decreto 937/2003 sobre la modernización de los archivos judiciales. El objetivo era lograr una oficina judicial “ágil, rápida y con una correcta atención al ciudadano”. El Real Decreto incluye una explicación concisa de la necesidad de generar espacio en los juzgados: “En los archivos de gestión se custodian los documentos mientras permanezcan vivos (...) Una oficina judicial saturada de expedientes difíciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrarlos en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz”.

La desaparición de estos 350.000 expedientes irá ligada a lo largo de 2013 a la destrucción de otros 300.000 expedientes en los que ahora trabaja la Consejería de Justicia. Y para esta compleja tarea colaboran secretarios judiciales y funcionarios del auxilio judicial. La eliminación afecta a órganos de Cádiz, Arcos de la Frontera, Motril (Granada), Málaga, Coín, Huércal-Overa (Almería) y Sevilla. Una magistrada del TSJA preside la Junta de Expurgo, de la que también forman parte un fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones y dos funcionarios.