La reforma laboral se juega en el juzgado

Casi 35.000 trabajadores vascos se han visto afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los 11 primeros meses del año —un 90% más que en igual periodo de 2011—, a los que hay que sumar miles de despidos individuales. Buena parte acabarán delante de un juez de lo Social, en unos juzgados “muy desbordados”, según fuentes del Tribunal Superior vasco, una derivada de la reforma laboral aprobada en julio.

“Venimos diciendo que lo único que iba a lograr la reforma es que todos los conflictos se judicialicen”, apunta Maribel Ballesteros, secretaria de Acción Sindical de UGT Euskadi, opinión en que coinciden responsables de los principales sindicatos. En ese mismo plazo entre enero y noviembre pasados, los 19 Juzgados de lo Social que suman las tres capitales han visto aumentar las causas por despidos un 58%, mientras que el conjunto de los asuntos crecía 46 puntos menos (ver gráfico).

En el conjunto de Euskadi, los despidos presentados en los Juzgados de lo Social sumaron 4.150 en los tres primeros trimestres, un 30,2% más que en igual periodo de 2011, según la última estadística del Poder Judicial, difundida el jueves. Con los datos hasta noviembre, la pérdida de empleo y su judicialización parecen acelerarse.

Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Superior, atribuye a tres causas la consecuencia “absolutamente esperable” de que la reforma disparase el número de despidos judicializados: el propio aumento muy importante de la cifra de extinciones de contratos y, sobre todo, de ERE, la desaparición de la autorización administrativa como primer filtro en los expedientes y la reforma de la jurisdicción social hace un año, que trasladó a esta los despidos colectivos, vistos hasta entonces por lo contencioso.

Las causas de despido vistas en los Juzgados de lo Social suben un 58%

De esta forma, se está jugando en los juzgados una reforma laboral que incluía entre sus objetivos específicos limitar la discrecionalidad de los jueces ante un despido. Como figura en el preámbulo de la ley que le dio forma, con la legislación precedente en “numerosas ocasiones” los tribunales realizaban “juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa”. Y prosigue el legislador: “Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”, tanto en el caso de los colectivos como en los resueltos por razones objetivas.

Y esta, la de la actuación de los magistrados ante la reforma laboral, es una de las polémicas abiertas. “Vemos con extraordinaria preocupación la actitud de los jueces y cómo se está aplicando la norma especialmente en los recursos que derivan de los despidos colectivos [los ERE]. La decisión del legislador gustará más o menos, pero es la suya”, dice Jon Bilbao, responsable de Relaciones Laborales de la patronal Confebask. “Cuando yo estudié Derecho aprendí que los jueces están para aplicar la ley, no para ser ni contraparte ni contrapeso de nada”, abunda.

“Contrapunto de reequilibrio” fueron las palabras que usó el presidente del Superior, Juan Luis Ibarra, en la apertura del año judicial, el pasado septiembre, para referirse a la responsabilidad que la judicatura asumía para lograr que, tras la reforma laboral, se mantuviese la tutela de los derechos socioeconómicos.

Tres ERE de extinción han sido vistos desde septiembre por la Sala que preside Biurrun y los tres han sido declarados nulos, dos de ellos (los de las empresas Koyo Bearings y Celsa) por vulneración de derechos fundamentales y el tercero (Corrugados Azpeitia) al incumplir la compañía la obligación de negociar con buena fe. Sumaban 422 despidos.

“Tenemos una judicatura que está de espaldas a la realidad económica y social, fijándose exclusivamente en lo formal. Aquí hay una ley que establece determinadas cosas y cómo quiere que se apliquen. Algún representante judicial tendrá que poner esa realidad sobre la mesa”, deplora Bilbao. En el conjunto de España, el porcentaje de nulidades se sitúa en el 70%, precisa.

Tres casos de tres no crean una categoría, pero Biurrun replica: “No se trata de convertirnos en el último baluarte contra la reforma laboral, en absoluto”. Eso sí, los tribunales, a su entender, deben seguir analizando la proporcionalidad y la racionalidad de las causas que las empresas aducen para despedir, pues los contratos de trabajo solo se pueden extinguir —y recuerda la jurisprudencia del Constitucional— con una causa que sea justa. “Es realmente imposible resolver un litigio, sin hacer ese ejercicio” de análisis, apostilla.

Un ejemplo que la magistrada pone en ese sentido: “¿Qué ocurriría si hubiese en una empresa una disminución de ventas en tres trimestres consecutivos sobre los idénticos del año anterior, cumpliendo todo lo que dice la ley, y la disminución fuese de 50 euros? ¿Podría ser una causa justa para extinguir un contrato, 10 contratos, 50 contratos?”

Biurrun: “Puede que las empresas hayan tenido expectativas demasiado elevadas”

Para Biurrun, puede que las empresas hayan tenido “expectativas demasiado elevadas” con respecto a las posibilidades que les da la reforma y a la respuesta judicial que se iba a dar a la misma.

Este escenario en conjunto llevó al secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, en un acto celebrado en octubre pasado a mantener que “con toda probabilidad se está preparando una nueva reforma para impedir que se den actuaciones judiciales” como las de los casos de Celsa y Koyo.

“Los jueces no están reinterpretando la ley”, sostiene Ballesteros. “Están poniendo en el lugar que corresponde la irracionalidad que ha hecho el Gobierno con la reforma laboral. De momento, la actitud de los jueces está siendo bastante razonable”, añade.

Asier Imaz, secretario de la Federación de Industria de LAB, quien considera la normativa sobre los ERE la que “siempre había soñado la patronal”, opina que en los tribunales “se puede frenar cierta prepotencia empresarial, pero el problema es esa normativa, que no puede cambiarse vía juzgado”.

“O nos sentamos todos a autorregularnos desde la autonomía de las partes o esto va a generar judicialización, por un lado, y conflictos permanentes en las empresas, por otro”, remata Eduardo García, secretario de Acción Sindical de CC OO Euskadi.