Hacienda rechaza que Urkullu destine el dinero de la extra a planes de empleo

La polémica sobre la paga extra de Navidad de los funcionarios del Ejecutivo vasco se va a extender más allá de su suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional. Ahora que ya está claro que los 67.000 funcionarios dependientes del Gobierno y los más de 3.000 empleados de las empresas y sociedades públicas no la van a cobrar, lo que empieza a estar en entredicho es que el Gabinete de Iñigo Urkullu pueda destinar los 208 millones que se ahorra a políticas de empleo y sociales, intención que anunció el lunes.

El Ministerio de Hacienda precisó ayer a EL PAÍS que el objetivo del Real Decreto aprobado el pasado julio, que, entre otras medidas, suprimió la extra de Navidad para todos los funcionarios de España, era recortar el gasto y las necesidades de financiación pública como forma de reequilibrar las cuentas hacia los objetivos de déficit, marcados por Europa. En el caso de Euskadi también.“El decreto ley elimina la paga extra y, de hecho, cada administración tiene que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de esos fondos”, indicaron fuentes oficiales del ministerio. Estas fuentes recalcaron que “para gastarlo en otras cosas, mejor que lo cobren los funcionarios, pero, a la inversa, si ellos no la cobran por decreto ley, ese dinero no se puede destinar a otros objetivos.

Erkoreka explicó que se trata de luchar contra el paro

"En el texto legal queda claro que se trata de reducir gasto de cada Administración”, insistieron. En uno de sus primeros acuerdos, el Ejecutivo de Urkullu adelantó el pasado lunes, que los 207 millones de esa partida se destinarán directamente en los presupuestos de 2013 a mejorar diversos programas de empleo, así como para garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales. El Gobierno quiere darle prioridad al empleo, en una coyuntura complicada, con más de 170.000 parados en noviembre, frente a la previsión del decreto ley de que ese dinero se destine para recortar el déficit o se quede empaquetado en un fondo que, no se sabe muy bien si de una sola vez o periodificado hasta 2015, iría a parar a los planes de pensiones de los funcionarios.

Fuentes del Departamento de Justicia y Administración Pública replicaron que “en esta coyuntura el mejor uso posible para esa partida es el empleo y la garantía de los servicios públicos de calidad”. En Euskadi además el déficit está controlado. El Ejecutivo saliente lo dejó en el 1,46%, cuatro centésimas por debajo del límite que había pactado con la Administración central en el Plan de Reequilibrio Financiero. Sin los 208 millones de la extra se quedaba en el 1,2%. Aunque todavía no está claro cual va a ser el mecanismo para traspasar esa partida a los presupuestos de 2013 y poder usarla para otro fin distinto al del decreto, el Gobierno de Urkullu ratificó ayer su postura.

El Gobierno central estudiará la situación si hay desvío de fondos

“En el Gobierno vasco, o en el Ayuntamiento de Bilbao [con déficit cero] no tiene ningún sentido destinar a eso la extra”, sostuvieron fuentes del Ejecutivo autónomo. “Antes que guardarlo en una entelequia de fondo no se sabe para cuándo, dedicarlo al empleo responde a una necesidad absolutamente actual y está mejor a años luz”, incidieron.

Los medios ministeriales consultados mantuvieron, sin embargo, que en el caso de Euskadi la prórroga del presupuesto de 2012, que se mantendrá al menos hasta que el nuevo equipo de Urkullu confeccione y apruebe, si lo consigue, el suyo propio, debe seguir manteniendo de entrada el mismo gasto, sin los 208 millones de la paga. De no ser así, estas fuentes anunciaron que se estudiará la situación y se tomarán medidas para evitar una “interpretación parcial de una previsión legal” que fija meridianamente que el destino de esos fondos no puede ser otro que la reducción del gasto público.