Una cuenta pendiente con el conocimiento

Los universitarios entienden perfectamente el problema del pago de los medicamentos y que se produzcan protestas por cinco meses de deuda a las farmacias; pero a las universidades se les debe el equivalente, entre unas cosas y otras, a doce mensualidades de subvención ordinaria, o sea un año, y “no pasa nada” constata un gestor. La deuda con el núcleo duro de la sociedad del conocimiento ronda a día de hoy los 900 millones de euros, siguiendo un método que estrenó Zaplana con los acuerdos sobre inversiones de 1999 consistente en que las universidades vayan gastando que luego se les ingresará. El método en una crisis como ésta hace aguas, a pesar de que pública y recientemente el president Alberto Fabra subrayaba que “una economía basada en la investigación, la ciencia y el conocimiento garantiza el bienestar de los ciudadanos y la creación de empleo”.

El pago de las nóminas es lo más acuciante e inmediato en estos momentos para las universidades valencianas, pero no lo único. Confían en poder satisfacerlo, pero su materialización depende en parte de que esta misma semana la Generalitat les haga el ingreso de la subvención ordinaria correspondiente al mes de septiembre pasado. En octubre, la Generalitat tenía que haberles pasado la subvención de septiembre y en noviembre la de octubre; pero nada de eso ha sucedido.

Lo peor es que no es lo único que va con retraso. Se ha hablado con frecuencia de la “deuda histórica” con las universidades, pero la historia es reciente. A los dos meses acumulados de atraso en el pago de la subvención de este ejercicio se suman los casi 800 millones generados por el incumplimiento de los convenios de carácter plurianual firmados por las cinco universidades públicas en mayo de 2008 con la Consejería de Educación, para la financiación de gastos corrientes y de inversión, cuya vigencia debía mantenerse hasta diciembre de 2022.

Lo llamativo es que el acuerdo de 2008 se hizo para cancelar la deuda que se había ido acumulando desde 2004. Breve recapitulación con flashback incluido: En 2004 la Administración autonómica empezó a retrasarse en el pago en la subvención corriente y fue acumulando un retraso que en 2008 ya resultaba insostenible; cuatro años después, ambas partes llegaron a un acuerdo para enjugar esa deuda poco a poco. Las universidades firmaron porque pensaron que, en definitiva, sería la única manera de cobrar esa deuda. El compromiso de cancelarla poco a poco no duró mucho. La Generalitat cumplió escrupulosamente con las dos primeras anualidades. Pero en 2011, ya no.

Los mercados se le cerraron a la Generalitat ese año y se le juntó la caída tributaria con la caída de las entregas a cuenta del Estado que habían mitigado la gran caída de ingresos que para el Consell de Camps ya había comenzado en 2009. Lo que se hizo en 2011 es reprogramar la deuda con las universidades para empezar a pagar en 2013 hasta el 2022. En octubre de 2011, la Consejería de Educación y cada una de las cinco universidades suscribieron, tal como recuerda el último Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, “una modificación del citado convenio que tuvo como consecuencia el aplazamiento del pago de las anualidades 2011 y 2012”. Dicho informe detalla el importe de cada anualidad. En 2013, Educación debería pagar a las universidades públicas 70.468.468 euros. Al final del recorrido, en 2022, la suma resultante que la Administración debería haber satisfecho en todos esos años a las universidades es de 768.867.075. Pero el recorrido empieza con obstáculos adicionales, ya que el Consell ni siquiera ha consignado el primer plazo en los presupuestos del ejercicio que viene.

¿Cómo han aguantado las universidades si se les deben casi 780 millones que debían haber sido pagados antes de 2008 y ahora, justamente a final de año se les acumulan además dos mensualidades y pico ordinarias sin cobrar? Pues han tenido que financiar a la Generalitat bien con operaciones de tesorería, o sea con pólizas de crédito de los bancos, cada vez más difíciles de renovar y cada vez más caras, o bien con fondos propios. Algunos responsables de la gestión universitaria califican la situación de “dramática”, porque si las cosas no cambian, la renovación de las pólizas de crédito de 2013 será peliaguda y porque, en el caso de las universidades más grandes, los ingresos que les entraban por investigación y que podían surtir esos fondos propios para tapar agujeros, dan ahora un saldo negativo, con importantes gastos en investigación que no son compensados de ninguna manera. Los rectores y la consejera de Educación tenían previsto un encuentro para hablar de todo esto que se ha aplazado.