Las tarifas reabren la guerra del agua

La aprobación del plan hidrológico del Guadalquivir por parte del Consejo Nacional del Agua no ha hecho más que reabrir la guerra por el agua entre los agricultores, que acaparan el 92% de los usos en toda la cuenca. Los regantes se sienten agraviados por un régimen tarifario que prima por igual a quien más agua ahorra que al resto, o que no pone límites al consumo de las grandes zonas regables. Como ha criticado el consejero de Agricultura, Luis Planas, no es entendible que en una cuenca con un déficit hídrico de un tercio de su volumen no se primen las medidas de ahorro y no se establezcan límites indicativos al consumo.

El nuevo plan del Guadalquivir poco o nada tiene que ver con el documento consensuado hace tres años por los agentes sociales andaluces. “Se ha roto el consenso y se ha aprobado un plan por la puerta de atrás, retrocediendo de forma importante en la política de ahorro del agua”, sostiene Agustín Rodríguez, secretario general de UPA en Andalucía, una de las organizaciones que votó en contra del plan en el Consejo Nacional del Agua y que ha presentado un voto particular por su desacuerdo con las medidas implantadas.

El plan deja en el aire la regularización de regadíos en Doñana

En síntesis, la UPA no entiende que se revisen al alza las dotaciones de las grandes zonas regables históricas, con consumos por encima de los 6.000 metros cúbicos por hectárea, y no se prime a cultivos, como es el caso del olivar, con un consumo inferior a los 1.500 metros cúbicos por hectárea.

Los consumos máximos para las grandes comunidades de regantes (de más de 2.500 hectáreas) era una propuesta de la Junta que el Ministerio de Agricultura eliminó del plan hidrológico. Feragua, la principal organización de regantes andaluza, aplaude su supresión. “El establecimiento de dotaciones máximas para las grandes comunidades no puede decirse que tenga siquiera una justificación social”, indica su presidenta, Margarita Bustamante, para quien el consumo por cultivos es similar en una superficie de regadío, con independencia del tamaño de la comunidad. Y desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se recuerda que el 65% de la superficie considerada como grandes zonas regables está dividida en comuneros con parcelas de menos de 10 hectáreas por propietario de media.

Pero Areda, la asociación más representativa en el alto Guadalquivir y que también prepara un voto particular contra la aprobación del plan hidrológico, no opina lo mismo. “El canon de riego para el olivar es similar al de cultivos con un consumo mucho mayor, como cereales, algodón, arroz o fresa”, indica el presidente, Marcelo Morales, que lamenta que con el plan aprobado no se impulsen las medidas de ahorro.

El plan hidrológico mantiene también el cobro por hectárea, y no por volumen real consumido como defendían la Junta y otras organizaciones. El presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero, dice compartir esa propuesta, que ya se establecía en la Ley de Aguas. Ahora bien, apunta que la medida “sólo es viable en aquellas explotaciones que hayan sido modernizadas, ya que el resto no cuenta con las infraestructuras necesarias para ello”. Un argumento que el responsable de la UPA considera una excusa. “Donde no se hayan puesto contadores, que se pongan. No estamos dispuestos a que los regantes de olivar sigan sufriendo un control absolutamente riguroso para ver si alguien se pasa algún metro cúbico y sancionarlo”. Y el presidente de Areda abunda al respecto recordando que “la modernización de regadíos ha sido fruto de las grandes inversiones acometidas por los agricultores”.

Precisamente, el plan hidrológico deja también en el aire la regularización de unas 9.000 hectáreas de regadío contempladas en el Plan Especial de Ordenación de Regadío de la Corona Norte de Doñana. “Lo contempla con mucha ambigüedad y condicionado a que los recursos lo permitan”, lamenta Agustín Rodríguez. Los ecologistas de WWF han advertido de que el plan hidrológico “agravará” los problemas de calidad y cantidad de agua en Doñana.

Aunque Feragua ha apoyado el plan del Ministerio de Agricultura, no descarta recurrirlo, como ya hizo con el plan del Tinto-Odiel-Piedras, si no se modifica y se garantizan dotaciones suficientes para el cultivo de la fresa. Margarita Bustamante considera que la dotación prevista para este cultivo, de 4.500 metros cúbicos por hectárea, “no está agronómicamente justificada por el organismo de cuenca y pone en grave peligro la competitividad en los mercados y el empleo que generan las explotaciones agrícolas de las zonas freseras de la provincia onubense”. Feragua dispone de informes técnicos que estiman para la fresa en la zona regable Almonte-Marismas unas necesidades mínimas, como dotación neta, de 5.600 metros cúbicos por hectárea.

Aunque la Confederación del Guadalquivir destaca que el plan hidrológico se aprobó con un respaldo del 86% y con solo seis votos en contra, uno de esos votos negativos haya sido de la Junta de Andalucía, la comunidad por donde discurren el 98% de los usos del agua. Lo dice el consejero de Agricultura, Luis Planas, para quien el plan aprobado “no se corresponde con la realidad de la gestión de los recursos hídricos”. Planas admite que “hay un problema de gestión” en la cuenca del Guadalquivir desde que ésta pasó otra vez al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional.