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IU registra una ley para garantizar los derechos de los transexuales

Los impulsores piden que se descentralice la atención sanitaria a este colectivo

Alba Doblas, a la izquierda, con Mar Cambrollé y otros representantes del colectivo transexual. Ampliar foto
Alba Doblas, a la izquierda, con Mar Cambrollé y otros representantes del colectivo transexual.

La ley integral de transexualidad ha llegado este miércoles al Parlamento de Andalucía. La diputada de IU Alba Doblas registró en la Cámara el proyecto, un primer borrador elaborado por la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) y otras entidades que representan a este colectivo. Bajo el título de Ley integral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, la norma pretende garantizar los derechos que, según sus promotores, recoge para todos los ciudadanos la Constitución y el Estatuto de Andalucía y que, en el caso de los transexuales, no siempre se cumplen.

Con el registro en el Parlamento, se cierra un ciclo que empezó en febrero de 2009, cuando ATA inició contactos con todos los grupos para pedirles un marco jurídico que garantizara los derechos y la no discriminación de este colectivo. Estas conversaciones dieron lugar a una proposición no de ley (PNL) del PSOE en noviembre de 2009, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. Pero la iniciativa se quedó aparcada hasta que socialistas e IU la incluyeron en el acuerdo programático de su Gobierno de coalición.

El País vasco y Navarra cuentan ya con normas similares

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, que acompañó a la diputada de IU al registro del parlamento, defendió la necesidad de la iniciativa: “No es una ley que tenga coste alguno ni viene a ampliar derechos, sino a garantizar que los derechos constitucionales y autonómicos también lo sean para las y los ciudadanos transexuales”. Cambrollé hizo un llamamiento al consenso político para sacar adelante la ley. “Esperamos que las diferencias políticas e ideológicas no sean una excusa para oponerse a una ley que solo pretende que las personas transexuales tengan los mismos derechos que el resto de la ciudadanía en los ámbitos sanitarios, laborales y educativos”, aseguró la presidenta de ATA.

Si se aprueba la ley, Andalucía será la tercera comunidad en contar con un marco legal que ampare a las personas transexuales. Navarra aprobó una ley similar en noviembre de 2009 y el País Vasco lo hizo el pasado verano. Con todo, la norma andaluza va, según sus impulsores, un paso más allá, sobre todo en el aspecto sanitario. Hasta ahora, todos los transexuales tienen que acudir a la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG) del hospital Carlos Haya de Málaga. El borrador de la ley presentado ayer contempla la descentralización de esta atención. “Para hacer una analítica, atender a una consulta de endocrino o psicólogo hay profesionales estupendos en todos los hospitales provinciales”, señala Cambrollé.

El texto contempla también la creación de una tarjeta identificativa transitoria con un nombre acorde con la identidad de género de la persona mientras dura el tramite para obtener la nueva documentación, un proceso que suele demorarse dos años. Con este documento, los promotores de la ley creen que se favorecerá la integración de la persona transexual.

El borrador recoge que los trámites para obtener ese cambio de documentación serán gratuitos y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado. Los transexuales tampoco tendrán que acreditar un diagnóstico médico o psiquiátrico, una intervención quirúrgica ni haberse sometido a terapias hormonales o cualquier otro tratamiento médico o psicológico. Otra novedad de la propuesta de ley es la inclusión de los menores transexuales, con el consentimiento de sus padres o tutores, en tratamientos sanitarios, para que en los colegios puedan utilizar el uniforme correspondiente a su propia identidad de género, y para que en los listados de estudiantes, de calificaciones o de censos electorales pueda figurar su nuevo nombre, con independencia de su situación en el Registro Civil.