Entidades de drogodependencia protestan contra los recortes
Las asociaciones se concentran ante el Parlamento para denunciar las medidas "aniquiladoras" La manifestación coincide con otras acciones de los trabajadores del SAE contra sus despidos

Las puertas del Parlamento volvieron a ser este miércoles la Cámara de las protestas de los afectados por los recortes de distintas administraciones. Mientras los trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se encadenaban junto a sus compañeras en huelga de hambre, un centenar de empleados de entidades de drogodependencia se manifestaron contra las medidas “aniquiladoras” de los programas de atención a los afectados por las adicciones.
Un centenar de trabajadores de entidades de drogodependencia y adicciones se han concentrado ante el Parlamento andaluz para denunciar las medidas "aniquiladoras" que llevan a cabo las administraciones autonómica y central en los programas de atención a las adicciones.
En un comunicado, las asociaciones que atienden a drogodependientes y otras adicciones como el alcoholismo denuncian el "desmantelamiento" de los programas de atención a estos enfermos por los recortes de los Gobiernos andaluz y central.
La bajada, recogida en los presupuestos de Andalucía para 2013, de un 45% en la partida a las entidades colaboradoras en el ámbito de las adicciones supondrá el cierre de muchas asociaciones dedicadas a la prevención y atención de drogodependencias, alcoholismo y otras adicciones, advierten.
Según los cálculos de las federaciones, si se llevan a cabo esos recortes se verán afectadas 250.000 beneficiarios de acciones preventivas y 60.000 usuarios de los programas de atención y acompañamiento.
A esto se añaden los profesionales de las entidades y centros afectados que pasarán a engrosar la lista del paro, a la que se han sumado hasta junio de este año 250 trabajadores despedidos, otros 450 sufren retrasos de varios meses en el cobro de sus salarios y 240 han reducido su jornada.
Asimismo, denuncian que el Gobierno ha decidido no transferir a las comunidades autónomas el dinero asignado para prevención en el plan nacional sobre drogas, lo que "causa un grave perjuicio a Andalucía, mientras continúa con su apoyo financiero a la banca y a otras empresas privadas".
Esta situación conduce a un incremento en las listas de espera en los centros de tratamiento, a la desaparición de servicios como los centros de día o los de encuentro y acogida y el cierre de entidades sociales dedicadas a atender a estos colectivos, según el manifiesto de las asociaciones.
La protesta de este colectivo coincidió con una nueva acción de los trabajadores del SAE, cuyos contratos finalizan este mes por la supresión de los fondos del Estado para políticas activas de empleo, lo que ocasionará el desmantelamiento de servicios.
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