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Cáritas: La política social “no es una prioridad” para la Generalitat

La pobreza y las situaciones de exclusión son “más intensas, extensas y crónicas”

Un hombre pide limosna en una calle de Valencia.
Un hombre pide limosna en una calle de Valencia.

La pobreza es cada vez más “intensa, extensa y crónica” en la Comunidad Valenciana y sus efectos más devastadores. Y mientras tanto, los recursos de la Administración para combatir esta situación, en lugar de crecer y reforzarse, se reducen y se debilita el sistema de servicios sociales. Este es el escenario que describió ayer Cáritas Diocesana de Valencia, que admitió encontrarse al límite de su capacidad ante la necesidad de suplir las deficiencias de los poderes públicos en su tarea de cumplir con sus obligaciones de atender a las personas más necesitadas. La política social “claramente no es una prioridad” para la Generalitat, resumió la secretaria general de la entidad humanitaria, Fani Raga.

 Las familias en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad social, no dejan de aumentar a fuerte ritmo como han observado la organización católica en su V Informe de su Observatorio de la Realidad 2012. La tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana es del 19% y el número de personas atendidas por las parroquias ha pasado de 135 de media en 2007 a 270 en 2011, lo que supone el doble de demanda. Pero además de haber más gente en situación de dificultad, la pobreza es más intensa. “Las situaciones de privación material y la dificultad de acceso a los derechos básicos se han acrecentado”, explica Raga. Hay 60.00 familias en la que ninguno de sus miembros tiene ingresos, recordó la responsable de Cáritas para ilustrar la situación. Y aún son más contundentes los números del esfuerzo desarrollado para paliar los efectos de la extensión de las situaciones de necesidad. Ante la falta de ingresos de estas familias y el desplome de las ayudas de los servicios sociales, Cáritas ha incrementado el fondo de ayudas económicas en un 1.200%. Ha pasado de 39.000 euros en 2007 a 525.000 este año.

A todo ello se suma la cronicidad de las situaciones de falta de recursos. “No hablamos de situaciones de necesidad pasajera, sino de años viviendo bajo el umbral de la pobreza, incluso personas con empleo que siguen siendo trabajadores pobres”, apuntó la secretaria general de la entidad.

¿Qué hace la Administración ante este escenario? ¿Qué hizo para mejorar la situación de los más necesitados durante la época de expansión y crecimiento económico? Fani Raga respondió primero a la segunda pregunta: “En la época de bonanza la pobreza no se redujo y ahora las posibilidades de remontar esta situación son cada vez más complicadas”.

La pobreza se está convirtiendo en estructural y las políticas sociales deberían ir más allá de la emergencia de la crisis

Fani Raga, secretaria general de Cáritas Diocesana de Valencia

En estos momentos “existe un repliegue de los sistemas de protección social”, una circunstancia que se hace evidente, por ejemplo, con la exclusión de la red sanitaria normalizada de las personas en situación irregular o con la “insuficiencia de los servicios sociales públicos”. Cada vez hay menos dinero y más obstáculos para acceder a los recursos públicos, a pesar de que como recordó Raga, la ley otorga a la Administración la responsabilidad de la atención de los ciudadanos. Sin embargo, y en contra de lo que exigen las circunstancias actuales, lo que se está produciendo es un “desmantelamiento” de las estructuras de ayuda social. Cáritas denuncia que se han endurecido los requisitos para la tramitación de prestaciones, así como retrasos y limitaciones en el cobro de estas ayudas. También una reducción de las prestaciones y su cuantía [por ejemplo en la partida destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía, reducida en cinco millones] y las listas de espera para acceder a los servicios sociales se extienden y “pueden rebasar varios meses de espera”.

Basta con prestar atención a dónde destina el dinero la Administración para conocer cuáles son sus prioridades. Mientras los presupuestos de la Generalitat para 2013 incrementan en un 71% la partida destinada a devolver la deuda, los fondos dirigidos a Bienestar Social caen un 7%, lo que supone 51 millones de euros menos para atender a las personas más necesitadas. “La pobreza se está convirtiendo en estructural y las políticas sociales deberían ir más allá de la emergencia de la crisis”, advirtió Raga.

 

Menos gasto como política

Cáritas destacó ayer que el principio de estabilidad presupuestaria vía reducción del gasto está minando las principales políticas de acción social. Estos son algunos ejemplos.

  • El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (“pilar básico de los servicios sociales de atención primaria”) desciende un 40% de 2012 a 2013, lo que supone una caída acumulada desde 2011 de más de 57 millones de euros.
  • Existe una falta sistemática de datos de la Consejería de Bienestar Social. “Esta ausencia de transparencia nos alarma ya que es imposible conocer la realidad que está llegando a los servicios sociales”.
  • El 3 de diciembre pasado, la Renta Garantizada de Ciudadanía (una ayuda de entre 422 y 621 euros) ha sufrido una minoración de más de 5 millones de euros.
  • “Igual de dramática” es la reducción para los servicios sociales municipales de 4 millones de euros. Y se prevé en el borrador de presupuestos de 2013 una caída del 12%.
  • Las ayudas económicas de emergencia social están insuficientemente dotadas para el volumen de necesidades que presuponemos (no hay datos oficiales de demandas).