El director de Antifraude insta a Mas a escuchar el “clamor” contra la corrupción

La corrupción “está en la naturaleza del hombre”, afirmó este miércoles  el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. Aunque ese instinto, matizó, puede combatirse “desde la represión y la educación”, parece que los ciudadanos coinciden con la percepción del magistrado. Una amplia mayoría considera que las prácticas irregulares están extendidas en la sociedad; especialmente, en la esfera pública. Así se desprende de una encuesta elaborada por la OAC para medir la percepción ciudadana sobre este espinoso asunto: el 79,5% cree que en Cataluña hay “mucha o bastante corrupción” y casi el 93% opina que se trata de un “problema muy grave o bastante grave”.

Los resultados de la encuesta, en la que han participado 800 personas (ver cuadro), son contundentes con los cargos políticos: el 79,3% cree que son “poco o nada honestos” y un porcentaje similar añade que su interés por luchar contra la corrupción es nulo. “El gobierno catalán ha de escuchar el clamor ciudadano contra la corrupción”, sostuvo De Alfonso, que abogó por luchar contra “los sobornos, el abuso de poder y las reuniones secretas para conseguir adjudicaciones”.

El director de Antifraude defendió que los datos son una “dura invectiva contra la opacidad de los partidos” y señaló a los políticos el camino para combatir esa “desconfianza” y mejorar su imagen: acometer reformas profundas. Por ejemplo, protegiendo a los denunciantes, regulando los grupos de presión o aprobando, de forma “inaplazable”, una ley de transparencia “valiente y aperturista”. Los políticos, zanjó, “han de entender que esto no puede seguir así”.

De Alfonso desgranó la actividad de la oficina, que a lo largo del año ha finalizado 41 investigaciones. De éstas, 17 se han remitido a la fiscalía. Aunque no tiene capacidad recaudatoria ni excesivas competencias en investigación, la oficina ha recibido 147 denuncias que equivaldrían, dijo el director, a la gestión incorrecta o irregular de unos 300 millones de euros.

Desde su creación, en 2008, la utilidad de la OAC ha sido cuestionada, entre otras cosas, por el riesgo de incurrir en duplicidades con la fiscalía, a pesar de que sus competencias y tareas son muy distintas. “Solo tres partidos hacían mención en su programa electoral a la oficina”, lamentó De Alfonso, que juzgó como “un error grave” la posibilidad de cerrar el servicio. El magistrado lamentó las críticas a la oficina (es “más reconocida fuera que dentro del país”, dijo) y abogó por situar a Cataluña “al nivel de países como Dinamarca o Finlandia” en el combate a la corrupción.