La Generalitat adjudica a Abertis los túneles de Vallvidrera y del Cadí

Las autopistas de peaje en Cataluña van camino de tener un solo nombre: Abertis. La Generalitat anunció ayer que el grupo de concesiones controlado por La Caixa explotará también los túneles de pago de Tabasa y Cadí, 44 kilómetros de carreteras que son apenas un grano de arena en la playa de autopistas que controla el líder mundial del sector, 7.327 kilómetros. Pero esa supuesta nimiedad es toda una bocanada de oxígeno para la Administración catalana, que con la operación anunciada ayer puede cuadrar su plan de privatizaciones de empresas para este año, aliviar sus ahogadas finanzas y soñar aún con cumplir el objetivo de déficit, del 1,5%, que de otra forma amenazaba con convertirse en una pesadilla.

Como estaba previsto, la concesión anunciada ayer por el Gobierno catalán supondrá 430 millones de euros de ingresos en los próximos 25 años, la duración del contrato. Es la misma cifra que inicialmente puso sobre la mesa el Departamento de Economía, pero llegar al acuerdo ha supuesto un juego de equilibrios que se ha decidido en el último mes, en el marco de un proceso negociado forzado después de que el concurso convocado en verano quedara desierto.

La nueva sociedad que explotará los túneles del Cadí y de Vallvidrera se aviene a pagar 310 millones de euros una vez se firme el contrato, lo que desestresará la caja autonómica. Como contrapartida podrá pagar el resto del dinero al final de la concesión, si bien deberá asumir unos intereses anuales del 6%.

Las dificultades para lograr financiación han obligado a Abertis a aliarse con el banco brasileño BTG Pactual, que, de hecho, controlará el 65% de la nueva compañía.

La adjudicación de Tabasa y Cadí todavía tendrá que sortear un último obstáculo, no solventado pese a la presencia de BTG Pactual. Abertis comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la firma del contrato depende de la búsqueda de financiación que no aportarán sus accionistas.

La operación cerrada abunda en el predominio del grupo en las autopistas de peaje de Cataluña. Las controla todas a excepción de la C-16 entre Terrassa y Manresa (de Cintra) y las que se financian por el sistema de peaje a la sombra (la Generalitat paga a la concesionaria en función de la circulación de vehículos). Y eso sucede pocos meses después de que explotara una nueva oleada de protestas antipeajes en Cataluña, bajo el paraguas de la campaña #novullpagar, y que tuvo como principal objetivo el grupo que preside Salvador Alemany, que también controla el 59% de la red de autopistas españolas.

En su comunicado al regulador, Abertis asegura que la operación “cumple con los estrictos criterios de retorno y creación de valor que Abertis establece para este tipo de proyectos”. Y eso que el grupo descartó realizar una apuesta firme durante el concurso abierto y se limitó a presentar un manifiesto de intenciones con el que condicionaba la adquisición.

El Departamento de Economía, por su parte, señaló que el acuerdo es “un ejemplo de colaboración público-privada” y subrayó que será la Administración la que fijará las tarifas, ya que seguirá siendo la titular de las vías y tendrá presencia en el Consejo de Administración de la compañía. Según aseguró a través de un comunicado, invitó al proceso de privatización a Cedinsa, Cintra y Globalvia, además de Invicat, filial de Abertis.

Como en el resto de ventas de activos que ha considerado el Departamento de Economía, en muchos casos abortados por los bajos precios que se pagaban y en otros porque no había candidatos, la venta de Tabasa y Cadí no llega en su mejor momento. La crisis ha lastrado su tráfico y el año pasado sufrieron las peores caídas: un 4,9% en el caso del túnel del Cadí y un 6,9% en el de Vallvidrera, lo que no evitó que ambas compañías aportaran un beneficio conjunto de 13,3 millones de euros.

La anunciada privatización de las autopistas de la Generalitat se suma a la que unas semanas atrás se cerró también con Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Ambas operaciones suponen unos ingresos a lo largo de lo que duren sus concesiones (50 años en el caso de ATLL) de 1.430 millones de euros, pero el Departamento de Economía mantiene la esperanza de poderlos computar este año a efectos del déficit. Si fuera así el Ejecutivo podría deshacerse en solo dos tacadas de 0,75 puntos de desfase presupuestario. Fuentes de la Generalitat pidieron ayer prudencia respecto a esa posibilidad, ya que dependerá del criterio que imponga la Intervención General de la Administración del Estado.

Quien de momento ha visto una buena oportunidad en las ansias privatizadoras de la Generalitat es BTG Pactual, que ha participado en las dos operaciones aprobadas por el Gobierno. Tiene una mayoría importante en la nueva sociedad que controlará las ya antiguas Tabasa y Cadí y un 37% en la sociedad que explotará ATLL.