Las obras de Girona vinculadas al clan de los ‘asfalteros’ se encarecían hasta un 46%

Los concursos que Gisa adjudicó en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusión que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catalán, que le encomendó la detección de posibles anomalías en los procesos de adjudicación de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se repartió el pastel de las obras públicas en la provincia gerundense. El reparto habría contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé, despedido tras conocerse la investigación.

Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administración incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%. Esa dinámica se repitió en los años sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento técnico y una supervisión más firme que evite posteriores replanteamientos de obras.

Del informe elaborado por la la Sindicatura también se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo público reclama a Gisa el establecimiento de “criterios de valoración que se puedan cuantificar mediante la aplicación de una fórmula o de un cálculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes”.

De esa forma se evitaría, como acabó sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que había conseguido la mejor puntuación en los baremos objetivos.

La Sindicatura de Cuentas analizó expedientes de contratación de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigación judicial iniciada en febrero del pasado año.

Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel año el importe total de las obras analizadas ascendía a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma “el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente —no necesariamente a las mismas empresas— el coste total adjudicado” sería de 75,3 millones de euros.

Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, según otro trabajo hecho público ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creció hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.

El informe, al que ni el Departamento de Economía ni la Oficina Antifraude han aportado información, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podría haberse incumplido el “principio de concurrencia”.

Como en el de 2007, el informe pone énfasis en la necesidad de dar “preponderancia a los criterios objetivos” en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, señala, “hace falta que el informe de la comisión técnica [...] incluya la motivación de la puntuación otorgada”. Sobre todo “si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuación en los criterios económicos”, que sí se pueden valorar de forma objetiva.

A causa de que el 50% del baremo se decidía por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisión técnica de valoración de las propuestas técnicas. Ésta la integraban el director de la división de carreteras, que la presidía, el gerente de planificación y programación operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejercía de secretario. Jordi Vergé, que ocupaba ese último puesto, podía acceder así a valiosa información e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recibía comisiones. A causa de esa implicación es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas. La empresa pública Gisa se ha personado en la causa, por lo que se libraría de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.

Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura —que no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles— coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analizó las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputacíón de Girona. La OAC consideró en aquel caso que la corporación municipal decidió con criterios “arbitrarios”.

Según las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decidía los precios de las obras de carreteras. Se habrían adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este año, el juez que instruye el caso amplió a los ejercicios 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las irregularidades.