Tres detenidos por obras irregulares de la Generalitat

La Guardia Civil detuvo ayer a tres personas y registró la sede de Barcelona de la constructora GISA, que gestiona la adjudicación de obras de la Generalitat catalana. Uno de los arrestados es Jordi Vergé, gerente de carreteras en Girona de esta empresa pública.

Las detenciones y el registro culminaron una investigación abierta hace meses por el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona. Fue impulsada por la Fiscalía de Delitos Económicos tras una pista hallada casualmente en otro proceso judicial que tramita ese juzgado. Este otro proceso se refiere a la adjudicación irregular durante la época de Jordi Pujol de unas obras de construcción de un dique del puerto de Barcelona, en el que las firmas adjudicatarias pudieron obtener grandes beneficios al facturar toneladas de materiales que en realidad no emplearon.

Fuentes de la investigación explicaron que en ese proceso aparece una conversación telefónica en la que se hace referencia a la adjudicación de carreteras, principalmente en Girona, por parte de la empresa pública GISA. Ese hecho, unido a un anónimo que llegó al juzgado, puso en alerta a la fiscalía y a la juez del caso, que encargó la investigación a la Guardia Civil.

Oficina Antifraude

Al mismo tiempo, la juez solicitó el pasado mes de noviembre la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña para que analizara los informes financieros de las constructoras beneficiarias de la adjudicación de esas carreteras, la mayoría de ellas a pequeñas empresas. Las adjudicaciones que están bajo sospecha se realizaron entre 2007 y 2010, en la época del tripartito.

Hace tres semanas la Oficina Antifraude entregó esos informes a la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, y ayer se decidió registrar la sede de GISA y practicar las detenciones. Aunque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, trascendió que el registro de la Guardia Civil en la empresa pública se centró en el contenido del ordenador de Jordi Vergé.

El departamento de Economía de la Generalitat informó ayer de que el fiscal de delitos económicos había solicitado documentación referente al trabajo de la empresa en la provincia de Girona desde 2007 hasta 2010. Uno de los tres detenidos ayer quedó en libertad a las pocas horas. Los otros dos pasarán esta mañana a disposición de la juez de Barcelona que investiga la causa.