Hacienda avisa a Euskadi de que pagar la extra vulnera el orden constitucional

El Gobierno central da sus primeros pasos tras oficializar ayer el vasco su decisión de desafiar a Rajoy y pagar la extra de Navidad a sus 70.000 funcionarios, un gasto cifrado en 208 millones de euros. El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, que encabeza Cristóbal Montoro, ha difundido esta tarde un comunicado en el que precisa que si el Ejecutivo autónomo aprueba "una resolución o disposición contraviniendo" el decreto que ordenó en julio retirar la paga extra de Navidad a los funcionarios de todas las Administraciones españolas podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional, al incumplir una normativa básica estatal.

"Adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, por tanto, supone una clara vulneración del orden constitucional", dice el ministerio.

Hacienda apostilla que, tanto si se dictase una resolución para dar cobertura a "esta infracción del orden constitucional", como si se acordase el acto de abono de la paga, "con o sin orden expresa superior", se podría incurrir en un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución arbitraria o injusta).

El Gobierno autónomo recordó ayer, después de que su portavoz en funciones, Idoia Mendia, anunciase la decisión, que no va a existir una resolución como tal del Ejecutivo que ordene el abono de la paga extra, ya que se trata solo de cumplir lo estipulado en los presupuestos vascos del presente ejercicio. Es decir, no hay una orden específica como no la hay para pagar las nóminas mensuales.