“En solo 23 minutos entraron directamente a la pista 2.000 personas”

El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), tiene muy claro quién es responsable de la muerte de cuatro jóvenes en la fiesta de Halloween del pabellón municipal Madrid Arena: aquellos que permitieron la entrada de "2.000 personas en sólo 23 minutos" directamente a la pista a través de una salida de emergencia. El Ayuntamiento de Madrid tiene claro también quién no es responsable de la tragedia: el Ayuntamiento de Madrid. "La tragedia no se debe a que se haya caído un pedazo del techo, sino simplemente a la sobresaturación del aforo, que el Ayuntamiento no ha provocado sino que es responsabilidad de quien tiene que dar explicaciones al juez. El Madrid Arena cumplía todas las medidas de seguridad". Así de tajante ha sido el portavoz del PP, Enrique Núñez, en su primera intervención en la comisión de investigación que debe depurar desde hoy las posibles responsabilidades políticas por la tragedia. "Yo simplemente quiero aclarar esto, y para eso está aquí el compareciente", ha añadido Núñez, en su papel de abogado defensor.

¿A qué se debía esta aclaración? Casi siete años después de la puesta en marcha del pabellón, en marzo de 2010, los técnicos del área de Urbanismo elaboraron un informe en el que detallaban sus deficiencias de seguridad. El Ayuntamiento pretendía vender el recinto, pero necesitaba para ello que se le concediese la licencia de funcionamiento; lo llevaba intentando sin éxito desde 2007. Le fue denegada tanto la licencia de ocupación como la de funcionamiento, precisamente por esas deficiencias detectadas.

El Ayuntamiento siguió operando el pabellón, alquilándolo para eventos deportivos, conciertos y fiestas multitudinarias, como llevaba haciendo desde 2002. Asegura que no precisaba licencia siempre y cuando se mantuviera en manos públicas, pero la ley sí le obligaba a cumplir “los mismos requisitos” que si la necesitara. Entre otras deficiencias, los técnicos de Urbanismo detallaban que los pasillos de evacuación alrededor de la pista eran insuficientes y deberían haberse construido más salidas directas a la calle.

El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, ha sostenido que el pabellón sí requería de licencia aun siendo propiedad del Ayuntamiento, y ha esgrimido para ello una sentencia judicial al respecto y un informe de la Policía Nacional de 2006. Le ha respondido Enrique Núñez (PP): "Si usted nos trae una sentencia, nosotros le traeremos otras". ¿Y el informe policial? Núñez ha esgrimido que ese acta fue respondida por la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que "la carencia de licencia administrativa no estaba incluida entre las infracciones de la Ley del Deporte".

Enrique Núñez ha aportado un argumento más para defender la seguridad del Madrid Arena: el plan de seguridad del edificio, aprobado por los bomberos siete días después de la tragedia, y que, por tanto, no estaba vigente en la noche de la fiesta. Núñez ha cargado la culpa sobre la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento para vigilar la instalación esa noche y el resto de días: "Seguriber no ha cumplido y ha dejado mucho que desear".

Eso sí, ha eximido de culpa al Ayuntamiento, alegando que esa misma empresa ha sido contratada por otras Administraciones. No piensa lo mismo UPyD, que ve responsabilidad municipal en la elección de la empresa de seguridad; ni el portavoz socialista, Pablo Rojo, que considera al Ayuntamiento responsable último de todas las decisiones de la empresa municipal que gestionaba el pabellón, Madridec.

Precisamente la primera comparecencia de la comisión era la de José Rivero, consejero delegado de Madridec hasta ser cesado la semana pasada de forma fulminante por la alcaldesa por "falta de confianza", no por su gestión sino por "ocultar" el contrato que otorgaba un trato preferente al organizador de la fiesta, la empresa Diviertt. "El Ayuntamiento ha considerado que ese informe era relevante, y los gerentes de Madridec no", ha explicado Rivero. En su opinión, el informe "es un acuerdo marcó totalmente normal que carece de interés sobre las causas de la tragedia". Hoy estaba llamado a comparecer también Jorge Rodrigo, ex gerente de la empresa, cesado al tiempo que él por la alcaldesa, pero imputado además por el juez que investiga la tragedia. No se ha presentado (no estaba obligado por ley a hacerlo).

Respecto a las deudas que tenía la empresa organizadora de la fiesta con la Seguridad Social, Rivero (profesor universitario de Contabilidad) ha recalcado que Madridec, al contrario que el Ayuntamiento, está sujeta al derecho privado, y por tanto puede contratar con empresas con ese tipo de deudas. Diviertt también debía dinero al Ayuntamiento; Rivero ha explicado que eran sólo 3.000 euros, y que no le preocupaba porque la fianza de la fiesta ascendía a 6.000 euros.

Rivero ha recalcado, como Núñez, que el edificio es "extraordinariamente seguro", añadiendo como dato relevante al respecto que está incluido en "el inventario de la candidatura olímpica" de Madrid 2020. "El problema no ha sido el edificio sino el mal uso del edificio. Madridec no ha incumplido la legislación vigente", ha añadido.

En su opinión, las 124 cámaras de seguridad que vigilaban el recinto lo "dejan todo claro". Ls debía controlar Seguriber, que, según ha explicado, no dio la alerta por la "sobresaturación" de la pista, ni sobre la explosión de petardos o bengalas (a lo que se achacaron en un primer momento los hechos). Ni siquiera detectó o avisó de la tragedia, ha añadido. "No entraba entre sus tareas repartir el aforo interno, pero si dar la alarma por sobresaturación desde el centro de control".

¿De quién dependía entonces controlar el aforo? "De 75 controladores de la empresa Kontrol 34, de los que se presentaron 63. Consta grabado que impidieron acceder a la pista desde los niveles superiores. Pero el sobreaforo no se debió a la distribución de los asistentes sino a que se superó con creces el aforo, en una cantidad enorme". ¿Por qué? El responsable de Diviertt aseguró ante el juez que no vendió más entradas de las permitidas, y que el exceso de aforo se debió a que se colaron 4.000 personas que hacían botellón en el exterior del recinto. Rivero lo niega "rotundamente", "simple y llanamente no se ha producido", y aporta otra explicación, basada en las grabaciones de las cámaras de seguridad difundidas por EL PAÍS.

Y añade Rivero: "Consta en las grabaciones de la cámara de la explanada del pabellón de Cristal que alguien retiró la valla del acceso directo a la cota cero, [la pista], destinada a los vehículos de emergencia. Consta grabado que, una vez hecho esto, en 23 minutos entraron 2.000 personas, 500 en una primera oleada y luego otros 1.500, porque no había abierto entonces ningún otro acceso. Todos los que entraron, lo hicieron con el beneplácito de los organizadores. Fue la sobreventa de entradas lo que creó una situación de riesgo. Ante la claridad de las imágenes, sobran las hipótesis".

Sin embargo, el portavoz de UPyD, David Ortega, ha incidido en que el Madrid Arena "no está preparado para determinados usos". "No se pueden hacer macrofiestas y meter a 3.700 personas en la pista [ese es el aforo permitido por el Ayuntamiento], cuando sus pasillos están pensados para que pasen sólo dos o cuatro tenistas. Se forman cuellos de botella porque la pista no esta preparada para desalojar a 3.700 personas", ha añadido. El plan de seguridad del recinto, que data de 2005, establece que la pista se puede desalojar en un minuto y medio en eventos deportivos. "Quizá sean los agobios financieros del Ayuntamiento", al que el exalcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó fuertemente endeudado, "los que han llevado a esos fallos de seguridad", ha concluido el portavoz socialista, Pablo Rojo.