Los bancos han de implicarse

La vivienda es un bien prioritario y un derecho social básico, por tanto, la acción política en esta materia ha de orientarse a garantizar dichos preceptos.

Resulta lamentable que la mala financiación de la vivienda, provoque que las personas pierdan su residencia habitual en manos de los bancos, mientras éstos reciben miles de millones de euros en concepto de ayudas públicas. En estos momentos, las entidades financieras acumulan unas reservas de viviendas de renta libre, viviendas que están vacías, mientras miles de ciudadanos pierden su casa por desahucio.

La situación es extrema, dramática y requiere de medidas extraordinarias y urgentes, con el objetivo irrenunciable de parar la sangría de los desahucios, evitar que se repitan en el futuro situaciones de sobreendeudamiento, y dar una respuesta digna y justa a las personas que ya han sido desahuciadas desde que estalló la crisis.

Para hacer frente a esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de medidas contra los desahucios, el sobreendeudamiento, y la insolvencia. El objetivo principal, entre otras medidas, es prever la dación en pago obligatoria para las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, planteando opciones para permanecer en la vivienda en alquiler social, establecer mecanismos tanto para renegociar las condiciones de las hipotecas y poder pagar con más tiempo, y evitar futuras situaciones de insolvencia.

Además de implicar a estas entidades bancarias que han recibido ayudas públicas en la dación en pago obligatoria, también hay que implicarlas en el rescate a las personas que ya han sido desahuciadas. Y dispongan, para ello, las viviendas que tienen libres, en concepto de alquiler social para las personas que han perdido su vivienda por desahucio.

A su vez, también hay que implicar a otros agentes, como los promotores o particulares que tienen viviendas vacías en estos tanto protegidas, como de renta libre, previendo en este caso, incentivos, y ayudas públicas para generar esta bolsa de viviendas en alquiler social. En total, podría suponer una bolsa de 150.000 viviendas, en la Comunidad Valenciana, que se podrían ofrecer a las personas desahuciadas en concepto de alquiler social.

En la Comunidad Valenciana se han producido ya 74.113 ejecuciones hipotecarias, y desde 2008 44.381 desahucios. Alrededor del 20% de todos los desahucios de España los han sufrido las familias valencianas. Lo cual demuestra la intensidad de la crisis en nuestra autonomía. Somos el 11% de la población de España, y acumulamos el 20% de los desahucios del total del Estado.

Un grupo de magistrados ha elevado al Consejo General del Poder Judicial, aunque el CGPJ no ha hecho suyo el Informe, en el que hacen referencia a la "mala praxis" de los bancos en esta materia. Por otra parte, hemos conocido que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la legislación española en materia de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no protege suficientemente a los consumidores ante cláusulas abusivas en las hipotecas.

Se requiere una reacción urgente, siguiendo los parámetros de dignidad y justicia para este drama que afecta a miles de ciudadanos de familias en este país.

Maria José Salvador Rubert es secretaria de vivienda del PSPV-PSOE y diputada en las Cortes Valencianas