De la austeridad al rescate

La delicada situación de las finanzas públicas ha marcado de principio a fin la breve legislatura del Gobierno de CiU. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya se halló con unas arcas maltrechas por la recesión. La drástica bajada de los ingresos tributarios pudo más que los dos planes de austeridad que ya había puesto en marcha el tripartito. El resultado fue un déficit del 4,2% del producto interior bruto (PIB) y una deuda de 34.697 millones de euros a finales de 2010. Comprometido desde su investidura con las políticas de austeridad, que Mas abanderó hasta que el malestar en la calle se convirtió en un clamor, su Gabinete ha puesto en marcha en dos años planes de ajuste que suman 7.258 millones de euros, si bien sus resultados no se conocerán hasta la liquidación presupuestaria de comienzos de 2013. Mas ha logrado reducir el déficit, pero deja como herencia una deuda degradada a bono basura que, al cierre del primer semestre, alcanzaba los 43.954 millones de euros (50.319 millones si se incluyen las empresas públicas) y una tesorería incapaz de hacer frente a los pagos con proveedores que debe ser asistida por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Artur Mas eligió a Andreu Mas-Colell, un prestigioso catedrático que había ejercido en Harvard y Berkeley, para enderezar las arcas catalanas. Poco partidario del “keynesianismo en un solo país”, como él mismo suele recordar en sus intervenciones parlamentarias, Mas-Colell decidió emplearse con las tijeras para llevar a cabo la primera rebaja presupuestaria que había efectuado un Gobierno de la Generalitat. Se propuso rebajar el gasto presupuestario en un 10%, lo que suponía ahorrar 2.680 millones de euros de todas las consejerías. El tijeretazo fue dramático y pronto se empezaron a cerrar quirófanos y servicios de urgencias o eliminar horas docentes. A la vez que eso sucedía, el Gobierno de Mas decidía suprimir el impuesto de sucesiones, que el tripartito ya había eliminado para el 94% de los declarantes y solo debían abonar grandes fortunas. A finales de año, la reducción del gasto fue finalmente del 7% y el déficit se situó en el 3,9% del PIB, muy por encima del 2,66% que se fijó para 2011.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) admite que la política de austeridad que se está aplicando en el sur de Europa está sirviendo solo para ahondar en la recesión. El FMI estima que cada punto de PIB de gasto que reduce un plan de ajuste se traduce en un retroceso económico de entre 0,9 y 1,7 puntos. Pero además, los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy dejaron sin transferir los fondos de competitividad y la deuda pendiente por infraestructuras, que tampoco se abonará en 2013. En total, más de 3.000 millones de euros con los que Mas-Colell no ha podido contar para reducir el déficit. Ello contribuyó a que el primer plan de austeridad resultara insuficiente, por lo que el consejero catalán tuvo que comprometerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a unos ajustes de 4.578 millones de euros a base de nuevos tributos —el euro por receta o la tasa turística—, privatizaciones, recortes de gasto y una rebaja salarial a todos los empleados públicos de la Generalitat.

El recorte, sin embargo, se ve dificultado por un aumento de los vencimientos y los intereses de la deuda, que tienen prioridad sobre cualquier otro pago, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que CiU apoyó en el Congreso y luego trasladó a Cataluña. Este año la Generalitat ha tenido que afrontar unos vencimientos de 13.477 millones de euros (de los que 1.999 son intereses). Ese volumen de deuda colapsó las finanzas públicas y en julio no pudieron pagar a las escuelas y colegios concertados y a las entidades sociales. Fue entonces cuando el Ejecutivo catalán decidió acudir al FLA y pedir un préstamo de 5.370 millones de euros. El Gobierno de Rajoy está racionando ese crédito, por el que la Generalitat deberá abonar intereses de unos 2.000 millones de euros en 10 años, lo que supone la demora en el pago a proveedores.

La convocatoria de elecciones ha supuesto prorrogar, por tercera vez, los presupuestos, que para el año que viene deberían recoger un déficit público del 0,7% del PIB. El viernes, Mas-Colell pidió que el objetivo para 2013 se corrija para situarlo en el 2% del PIB ante un ejercicio que se presenta “extraordinariamente difícil”.