Ante la pobreza, más recortes

El sector social ha vivido dos de sus peores años durante la actual legislatura de CiU. No solo por ver cómo se reducían las subvenciones -o algunas incluso desaparecían- y además llegaban tarde. También por encontrarse, en un momento en que la crisis económica arrecia, ante un gobierno conservador que se ha declarado abiertamente en contra de la “cultura de la subvención”, pero que, en cambio, no cuenta con instrumentos ni recursos para luchar contra la pobreza.

“Nuestro objetivo es atenderles, no solo pagarles una subvención”. Es la declaración de principios que hacía en enero el consejero de Empleo, Francesc Xavier Mena, sobre los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI), una ayuda de 420 euros que reciben las personas sin recursos. Con estos principios, el gobierno de CiU protagonizó en agosto del año pasado uno de los caos sociales más sonados cuando decidió cambiar por sorpresa la forma de pago de la RMI. El objetivo declarado de Mena: acabar con el supuesto fraude (que nunca llegó demostrar, a pesar de gastarse 92.000 euros subcontratando una empresa para revisar los expedientes). El efecto: unas 9.000 familias menos cobran la ayuda (de 32.000 de agosto de 2011 han pasado a las 23.240 actuales), aunque CiU quería llegar a los 18.000.

Pero la cruda realidad (la población es riesgo de exclusión llega al 30% según un reciente estudio de la Diputación de Barcelona) se ha impuesto y la Generalitat prácticamente agotó la partida inicial de 100 millones presupuestada y se ha tenido que destinar 30 millones más para garantizar el pago de la prestación hasta finales de año. Lo mismo sucedió el año pasado, cuando la dotación del programa de la RMI se aumentó de los 130 millones iniciales a 170. Ante el incremento de hogares (ya son más de 100.000) en los que no entra ningún ingreso y la reorientación de la RMI hacia beneficiarios que solo presenten una problemática laboral (y no social), los partidos de izquierda han pedido reiteradamente devolver a la renta mínima su espíritu original. Como alternativa, ICV ha hecho suya la propuesta de los sindicatos de crear la Renda Ciudadana Garantizada para las familias que viven bajo el umbral de la pobreza.

Artur Mas también ha dejado como legado una retahíla de recortes al sector social. El Departamento de Bienestar Social ha visto reducido su presupuesto en un 11% (212,5 millones menos) en dos años. Los discapacitados han sido uno de los sectores en que los recortes más se han cebado. Las entidades que trabajan con este colectivo ha visto reducidas las subvenciones para desarrollar planes de ocupación para estas personas en riesgo de exclusión social. Los programas de reinserción de presos también se han quedado sin financiación.

Otro de los quebraderos de cabeza de las entidades sociales son los impagos de la Generalitat. En esta legislatura el sector ha vivido dos episodios graves de retraso en el pago de las subvenciones. El último, que asciende a 70 millones y todavía pendiente de saldar, se produjo en julio.

Con todo, CiU se comprometió, en un debate político organizado por ECAS, una de las patronales del sector, a reducir el nivel de pobreza en un 25%. Los partidos de izquierda reclaman buscar nuevos ingresos (vía impuesto de sucesiones o tasas a los bancos, entre otros) para acabar con los recortes y evitar así una brecha social irrecuperable. “El Estado del bienestar está a punto de ser desahuciado”, alertó ERC.