El PSPV denuncia irregularidades en la gestión de la mayoría de las depuradoras

Más del 60% de las depuradoras que gestiona la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento ((Epsar) pagan por el tratamiento de los lodos hasta 50 veces más en unas instalaciones que en otras por sistemas de limpieza idénticos, según ha denunciado la diputada autonómica del PSPV, Carmen Martínez, quien sospecha que este diferencial en los costes podría ocultar despilfarros similares a los que dieron origen al caso Emarsa, el saqueo de la depuradora de Pinedo que está siendo investigado por la justicia y que le costó el cargo al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo.

Martínez ha solicitado la comparecencia de la consejera de Agricultura, Maritina Hernández, en las Cortes Valencianas para que explique si el caso Emarsa es un hecho aislado o “un caso generalizado en todo el sistema de depuración”. La diputada socialista ha explicado que “según los datos oficiales se están pagando cantidades absolutamente desorbitadas por el tratamiento del fango. En 84 depuradoras, la Generalitat está pagando a día de hoy más de los 42 euros por tonelada que pagaba Emarsa en la época del saqueo, cuando se demostró que estaba hinchado para incluir comisiones que, al parecer, se repartían entre los dirigentes de Emarsa y la propia Epsar”. Actualmente, según la diputada socialista, la depuradora de Pinedo cobra 18 euros por tonelada. “Un precio razonable”, dijo; “pero hay 260 instalaciones que sobrepasan ese precio, y queremos saber por qué, cuando están haciendo el mismo trabajo”.

Los datos oficiales sobre el precio que se paga el lodo destinado al compostaje varían desde los 49 euros por tonelada que se pagan en El Palmar a los 184 en Titaguas. Una diferencia que, en opinión de Martínez, escapa “a toda lógica”. “Quienes han aprobado estos precios son los mismos responsables de la Epsar que hoy están imputados por estafa en el caso Emarsa, y acusados de repartirse comisiones. Y las empresas que supuestamente deberían controlar si estos datos son reales son las que no lo hicieron en Pinedo”. La diputada socialista no descarta llevar estos datos a la fiscalía para que los investigue.