Los Presupuestos no gustan a nadie
El consejero de Economía, Máximo Buch, anuncia un plan de incentivos de 160 millones
Los Presupuestos de la Generalitat para el año próximo que ayer comenzaron a debatirse en comisión en las Cortes Valencianas no gustan a nadie. Ni tan siquiera a Carlos Fabra que, tras una temporada de ostracismo, reapareció ayer en su condición de presidente de Aerocas, la empresa que gestiona el aeropuerto de Castellón, para decir que no le preocupa tanto el dinero que el Consell destina a esta infraestructura como el que no recibirá la provincia por parte de la Generalitat ni del Estado “Eso sí que me preocupa”, dijo el expresidente de la Diputación castellonense.
Los anuncios del vicepresidente José Ciscar de que la Generalitat saldará sus deudas con los municipios en 2013 y que las farmacias cobrarán una mensualidad este mismo mes en cuanto llegue una nueva cantidad del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) fueron recibidos con escepticismo por la oposición y por el gremio de boticarios que ayer aumentó el seguimiento de la huelga del sector por segundo día consecutivo. El socialista Rafael Rubio replicó que el anuncio del vicepresidente “no se lo cree ni Dios ni ningún alcalde del PP o del PSOE”, apostillando que “los tres únicos puestos de trabajo que se crean en las cuentas de la Generalitat son tres nuevas plazas de asesores en el gabinete de presidencia”. No corrió mejor suerte la declaración del consejero de Economía, Máximo Buch, de que piensa destinar 160 millones de euros al segundo Plan de Incentivos, un 3% más que en 2012, con el objetivo de proporcionar un apoyo directo a las empresas en materia de competitividad y de financiación empresarial.
Buch reconoció que el presupuesto de su departamento está “fuertemente condicionado por el actual marco económico recesivo”, pese a lo cual apostó por “mirar al futuro y sentar las bases de un nuevo modelo productivo para los próximos años”. Argumentos que no convencieron en absoluto a la oposición. Francisco Toledo, portavoz socialista, presentó al consejero como un “experto en maquillaje, porque no ha vendido como maravilloso un presupuesto que es lamentable. La consejería de Economía, dijo, es la que sufre un mayor recorte después de la de Turismo”. Toledo denunció que el dinero que se destina a los sectores productivos es similar al que reciben los grandes eventos. “Cómo se le queda el cuerpo de consejero al ver este tipo de actuaciones, que se dedique prácticamente lo mismo a Economía que a los grandes eventos que se han demostrado ruinosos”. El portavoz socialista acusó a Buch de hacer “terrorismo informativo” con los trabajadores de las empresas públicas cuando asegura que la reducción de los puestos de trabajo será del 40%, mientras que en el presupuesto solo hay dinero para despedir al 22% de esos empleados. El consejero insistió en que la plantilla de las empresas públicas se va a reducir en un 40%.
El debate de las Cortes tuvo también réplicas en el exterior del palacio de Benicarló. La Federación de Centros de Música Autorizados y Conservatorios (Facemac-CV) protestó por el recorte “brutal”, según lo calificaron, del 59% de la financiación a sus asociados. Luis Fernández, presidente de Facemac, aseguró que este tijeretazo “supone un hachazo más al sistema educativo musical de la Comunidad Valenciana en su nivel intermedio que aún no ha cobrado las subvenciones de 2010 y 2011. Este recorte pone en entredicho las iniciativas y declaraciones del Consell sobre la importancia de la música para nuestro pueblo”. Facemac augura el “colapso económico y educativo” de 62 centros de música y conservatorios municipales con 1.200 trabajadores y 10.000 alumnos.
Por su parte el Sindicat de Treballadors i Treballadotres de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv), mayoritario en el sector, denunció que los presupuestos “abandonan a su suerte el sistema educativo valenciano”. Según el sindicato se trata del proyecto “más agresivo” para la educación pública. Con un drástico recorte de infraestructuras, de plantillas de profesorado y de ayudas a las familias y los alumnos, mientras se mantiene la concertación”. Con estos presupuestos, afirma el Stepv, se hunde la educación pública mientras e salvaguarda la concertada, que es el modelo preferido por el PP”.
La respuesta de la consejera de Educación, María José Catalá, a estas acusaciones en la comisión fue: “No por má aportaciones económicas a la educación se obtienen mejores resultados”. La consejera defendió su tesis con estudios que, según dijo, rechazan una relación entre el presupuesto y los resultados educativos, y aunque reconoció que una mayor dotación de las partidas presupuestarias “puede contribuir” a mejorar los niveles educativos, la relación entre ambos “no es necesaria”. Los grupos de la oposición calificaron los presupuestos calificándolos de restrictivos, irreales y de “sacrificio de la educación pública”.
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