La independencia pasa por Bruselas

“Euskadi, Quebec, Escocia, Flandes, Cataluña, Euskadi”. La guía de viaje soberanista que Iñigo Urkullu desgranaba en su último mitin de la pasada campaña electoral debe tener presentes otras dos etapas: Madrid… y Bruselas. El cruce de cartas entre el secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, y la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding, detallado la pasada semana por EL PAÍS, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate, doctrinal y jurídico, pero también claramente político, de cuál sería el encaje y el futuro en la Unión Europea de una parte de uno de sus miembros que se independizase, como Escocia o Cataluña. O Euskadi.

Las palabras de Reding —y las declaraciones de portavoces comunitarios y fuentes de la Comisión— abonan la tesis de que una parte de un Estado de la UE no puede separarse unilateralmente y seguir siendo sin más miembro de la Unión. “No hay ninguna duda de que quien se separa se queda fuera”, mantiene el también vicepresidente de la Comisión y titular de Competencia, Joaquín Almunia [ver página 12]. Pero, a falta de una resolución formal, oficial, jurídica e inequívoca de Bruselas, la controversia sigue abierta y solo va a ir a más a medida que se acerquen las elecciones catalanas del 25-N.

“La secesión de una parte de un Estado significa la creación de otro nuevo”, indica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV) Alberto López Basaguren. A partir de ahí, el nuevo Estado tendría que seguir el procedimiento del artículo 49 del Tratado de la UE [ver viñeta]. Ello supondría ver si cumple los requisitos exigidos para solicitar la adhesión, iniciarse el correspondiente proceso de negociación, etcétera. Y su entrada en el club precisaría la unanimidad de sus —hoy por hoy— 27 miembros.

Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, coincide en que “hay unos parámetros jurídicos muy claros, no habiendo, y también es claro, ningún precedente sobre el que proyectar una analogía”. Y supone que la entrada de todo nuevo Estado “está sujeta a la regla estrictísima de unanimidad. Aunque 26 estén de acuerdo, si el 27º no lo está jurídicamente no puedes entrar en el club”, recalca. Pero, como el mismo Álvarez matiza, “es el tiempo de la política, no del derecho, que es un raíl, pero en que vale todo”.

Entra en juego la política. Iñaki Goikoetxeta es miembro de la ejecutiva nacional del PNV y profesor del departamento de Derecho Público en Deusto. Fue secretario general de Acción Exterior con Ardanza de lehendakari. “Es cierto que una interpretación formal de los Tratados parece que conllevaría un proceso de adhesión del nuevo Estado que se independizara de otro”, reconoce, pero “al final de lo que se trata fundamentalmente es de la expresión del derecho a la ciudadanía y el respeto al principio democrático”.

La Comisión debe responder a una pregunta sobre la “ampliación interna”

Goikoetxeta considera puramente formalista el citado intercambio de misivas entre Reding y Méndez de Vigo y destaca que no existe una posición formal de la Comisión, que exigiría una petición en tal sentido — “me da la impresión de que la dirigirá en algún momento el Reino Unido sobre Escocia”—. Pero recuerda una frase de la comisaria en su carta para resituar el marco del debate: “Confío en el sentido común y en el europeísmo de los españoles plenamente para resolver esta cuestión en el ámbito doméstico que le es propio”. El planteamiento sería como el escocés con respecto a Gran Bretaña: partir de un arreglo negociado dentro del propio Estado.

“Si es algo paccionado, entiendo que ningún otro Estado va a formular derechos de veto, porque en el fondo sería una injerencia en asuntos internos”, formula Álvarez.

El tiempo del diálogo. “La secesión es una hipótesis muy final, pero antes España tiene que ser capaz de resolver esto adecuadamente, lo que se le va a exigir en el ámbito internacional”, considera López Basaguren. “Si España tiene que confiar en que la UE le resuelva el problema, mal andamos”, apostilla.

La Comisión debe contestar en principio este mes una pregunta que plantearon en septiembre cuatro europarlamentarios españoles, entre ellos la peneuvista Izaskun Bilbao, precisamente después de que la histórica Diada pusiese en el disparadero el debate soberanista.

La respuesta puede clarificar otro flanco de la polémica, la llamada “ampliación interna de la Unión”, una interpretación jurídica que considera que son las personas, y no los Estados, las titulares de los derechos de identidad o ciudadanía. Si surgen nuevos Estados en el seno de la Unión, los europarlamentarios (de CiU e Iniciativa, además de Bilbao) se preguntan en qué precepto puede apoyarse una expulsión de la UE de quienes, siendo ciudadanos de la misma, apuesten expresamente por seguir siéndolo desde “una nueva realidad estatal” y cómo lo afrontaría la Comisión.

“Si una abrumadora mayoría social manifiesta el deseo de tener otro estatus, no va a haber dique jurídico que sea capaz de frenar esa realidad”, considera Álvarez. Una mayoría clara y una pregunta clara, los dos principios, sintetizados, de la sentencia de 1998 de la Corte Suprema de Canadá sobre la secesión de Quebec que dieron lugar, dos años, después a la Ley de Claridad, recurrente referencia en todo a lo que secesión y soberanía atañe.

Basaguren: “Si la UE tiene que resolver el problema español, mal andamos”

“La senda de Quebec y la senda escocesa nos hablan de cultura democrática, negociación y diálogo y nos dan un ejemplo. En España, quizá por falta de cultura democrática, parece que por el momento está ausente”, insiste el miembro del EBB.

Alex Ugalde, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV, diferencia dos cuestiones: “Uno, la separación de una parte de un Estado miembro no está prohibida en ningún tratado de la UE; es un tema interno de cada Estado. Dos, si ello sucediera en la práctica, me remito a las declaraciones de la comisaria Reding: ‘Ninguna ley dice que Cataluña deba salir de la UE si se independiza’. Claro que ha rectificado ante las presiones recibidas”.

Ugalde también cree que “el problema no es jurídico, es político”. Y agrega: “Una UE de Estados, no de pueblos ni de naciones, no quiere saber nada de reconfigurar el mapa europeo. ¿Qué debe primar? ¿Las decisiones de una UE, compuesta por Estados o los derechos colectivos de pueblos y naciones que están en su seno? A la respuesta política que cada uno dé luego, si se quiere, se ajustará el encaje jurídico”.

La Fundación Popular de Estudios Vascos, el foro de debate y análisis impulsado por el PP, quiere organizar para enero próximo una jornada de estudio sobe todas estas cuestiones. Su director y exparlamentario popular Carlos Olazábal opina que “no existe ninguna discusión jurídica real” al fondo. Crítico con los nacionalistas, rescata los principios del artículo 49 para “el nuevo que, como tal, se pone a la cola”.