La deuda sanitaria es un 61% superior a la que Madrid presentó al Ministerio

La Comunidad de Madrid remitió en abril pasado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una serie de facturas por valor de 1.279 millones de euros. Eran las deudas que tenía con sus proveedores y que debía declarar para poder acogerse al plan de pago dotado con 35.000 millones de euros diseñado por el Gobierno central. La Comunidad de Madrid aseguró entonces que la mayoría de aquellas facturas correspondían a la Consejería de Sanidad. En concreto, 1.080 millones, es decir, el 84,4% del total. La fecha del recuento era el 31 de diciembre de 2011.

Sin embargo, las facturas pendientes de pago de la sanidad madrileña sumaban 658 millones más (61%), según la respuesta que el Consejo de Gobierno ha dado a una diputada de Izquierda Unida, Libertad Martínez, que presentó una petición de información en la Asamblea de Madrid para conocer cuál es la deuda del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Le contestaron el 15 de octubre: “Se informa que la deuda, a 31 de diciembre de 2011, era de 1.738 millones de euros”, asegura el texto, consultado por este diario.

La deuda sanitaria de la Comunidad de Madrid era, hasta hace unos meses, poco menos que secreto de Estado. El Gobierno regional siempre se ha resistido a facilitar información sobre lo que adeuda a los proveedores sanitarios. Últimamente, sin embargo, la opacidad se está convirtiendo en un baile de datos. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, aseguró en junio pasado, durante un pleno de la Asamblea, que la sanidad madrileña acabó 2011 con una deuda a proveedores de 1.360 millones. Era la primera vez que ofrecía un dato de deuda: 300 millones de lo declarado al Ministerio de Hacienda dos meses antes.

Con la respuesta recibida por IU la cifra aumenta aún más. Un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda confirma que la deuda del Sermas a finales de 2011 era efectivamente de 1.738 millones pero aporta una explicación a la diferencia con lo presentado al Ministerio. Solo esos 1.080 millones pudieron incluirse en el plan de pago a proveedores porque “los requisitos del propio mecanismo de financiación lo impedían”, explica. Un ejemplo de facturas pendientes que no pudieron incluirse en el plan de liquidez extraordinario —instrumento que permite que los proveedores puedan cobrar directamente la deuda ante las entidades financieras; a cambio, las autonomías asumen la deuda financiera con un interés del 5%, próximo al del mercado y disponen de 10 años para amortizarla— son las de las universidades y, en el caso de la sanidad, los pagos entre administraciones como el convenio con el hospital militar Gómez Ulla.

“Es evidente que las cifras no cuadran y que hay un desfase de casi 700 millones más solo en la deuda reconocida por el sistema sanitario, y de 500 si lo comparamos con los 1.279. Hay mucha opacidad sobre la deuda, lo suyo es que la viéramos desglosada y por proveedores”, asegura el portavoz de sanidad de IU, Rubén Bejarano. “La forma de llevar la sanidad madrileña, donde la gestión de empresas privadas cobra cada vez más importancia, está haciendo que la deuda a corto y medio plazo incluso suba. Es más costoso. Relacionamos la deuda del Sermas con el modelo de gestión mixta y la gestión privada de los últimos hospitales”.

Hace cerca de un año el diputado socialista José Manuel Freire también preguntó por la deuda del Sermas. Le contestaron que, a 30 de junio de 2011, ascendía a “56,4 millones de euros”. “Me temo que solo dan la respuesta verdadera cuando la UE obliga a la transparencia”, afirma. “Estos datos generan enormes interrogantes sobre cómo se está gestionando y prueban que la transparencia brilla por su ausencia”.